Representan más de $15.246 millones pendientes de remisión, con contratos en marcha pero acciones paralizadas. Esas 47 obras públicas inactivas, han dejado sin empleo a decenas de personas en diferentes municipios. En consecuencia, tampoco los recursos que generan esas obras se quedaron en las comunas.
De mayor o menor relevancia, fuentes oficiales consultadas por PRIMERA EDICIÓN, aseguraron ayer que la gran preocupación que tiene la Provincia son las demoras e incumplimientos que no terminan de definir si se suspenden definitivamente o se culminan.
El exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, había determinado a mediados de enero y antes que lo echen (acusado de filtrar información a la prensa) que la prioridad no estará dada por el tamaño ni la relevancia de la obra, sino por cuán cerca estén de terminarse (con más de 60% de avance), para que Nación remita fondos a las provincias.
Caminos, agua, energía
En Misiones, en los despachos oficiales, hay una lista a la que accedió este Diario en la que figuran obras de diferentes rubros. Las de mayor presupuesto son la provisión de agua para Bernardo de Irigoyen por más de $2.303 millones; la finalización de la autovía de la ruta nacional 105 hasta la nacional 14 por casi 3.000 millones; la estación transformadora de 132, 33, y 13,2 kv para Iguazú por más de 1.000 millones; el saneamiento del arroyo Mbotaby por 1.767 millones; y obras de urbanización del RENABAP por casi 3.000 millones.
En el detalle al que accedió PRIMERA EDICIÓN, también aparecen pendientes los fondos para la línea de media tensión 33 kv entre San Vicente y San Pedro por más de 373 millones; o la de 33 kv pero entre San Vicente y El Soberbio.
En cuanto a la provisión de agua, faltan los fondos del ENHOSA para infraestructura en varios municipios por más de 113 millones; la ampliación del sistema de toma del río Iguazú por 342 millones; el reacondicionamiento de la toma sobre el arroyo Mbocay con la nueva planta de potabilización donde hay certificadas obras por 228 millones y una redeterminación de precios que empujó la alta inflación de los últimos meses por otros 111 millones. Además aparece la red de abastecimiento de agua de Gobernador Roca por $652 millones.
En el paquete de viviendas, la Unidad Ejecutora Provincial e IPRODHA tienen pendiente de cobro más de $1.100 millones de los programas “Casa Propia” versiones II, III, IV y V del exMinisterio de Desarrollo Territorial y Hábitat hoy devenido en Secretaría.
Unas 18 escuelas esperando
Cuando falta menos de un mes para la reapertura de las escuelas, hay 18 obras de infraestructura escolar esperando terminarse en 14 municipios. Las de mayor presupuesto son la Escuela 106 de Posadas por más de $102 millones; la 773 de Montecarlo por 81 millones; y otras de menor demanda de recursos nacionales para centros educativos de Andresito, San Vicente, Alem, Campo Grande, Hipólito Yrigoyen; San Javier; Pozo Azul; Alberdi; San Pedro; Campo Ramón; Puerto Rico y Pozo Azul.
En el Ministerio de Educación de Misiones, sabiendo que la Nación no enviará más recursos para obras escolares, el ministro Ramiro Aranda comenzó a buscar la posibilidad de acceso que tendría la Provincia para obtener financiamiento internacional. En ese sentido, este Diario pudo saber que ya habría tenido conversaciones personales y virtuales con funcionarios de organismos. (Fuente: Primera Edición)
Según pudo saber TN, el Gobierno establecerá que con los fondos disponibles se culminarán las obras que formen parte del grupo de proyectos con un “alto grado de avance físico”. Es decir que la prioridad no estará dada por el tamaño ni la “importancia” de la obra, sino por cuán cerca estén de terminarse.
“Si alcanza para todas, mejor; pero sino, se priorizará. Y en este marco, la prioridad es terminar las que estén más avanzadas. El objetivo no es señalar a dedo y decir ‘esta es más importante que la otra’, sino terminar directamente las que tengan más grado de avance”, explican fuentes oficiales. Y aclaran que quedarán exentas aquellas obras que cuenten con financiamiento privado o de organismos bilaterales internacionales: en ese caso no habría impedimentos para su terminación.
Durante la campaña, Javier Milei había advertido que el Ministerio de Infraestructura no financiaría más obra pública. De hecho, habló de la posibilidad de llevarla a cero. Luego, en Infraestructura aseguraron que las obras en ejecución se terminarían, pero ahora ponen en duda tener los fondos suficientes para poder terminarlas.
Actualmente, hay unas 2185 obras públicas en ejecución en todo el país, según los registros heredados de la gestión anterior, que estaba a cargo de Gabriel Katopodis. Por el momento no hay precisiones acerca de cuántas se terminarán en los próximos meses. A estas se le deben sumar las viviendas que estaban bajo el área de Hábitat y Desarrollo Territorial.
Katopodis había anunciado la construcción de 120 “grandes obras” en el marco de un plan que denominaron “Argentina Grande”. Varios de esos proyectos están en ejecución, pero no todos muestran un buen porcentaje de avance físico.
Algunos ejemplos, recolectados por el sitio “Mapa Inversiones”, son el del corredor Mar del Plata-Olavarría de la ruta nacional 226, que en la intersección acceso a Sierras Bayas muestra apenas un avance del 9,41%; el de la construcción de la planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en San Antonio de Areco, con un avance del 12%; y el acueducto Gran Tulum, en San Juan, que está al 50%.
Todos estos proyectos tendrán que ponerse en la fila detrás de cientos de obras que superan el 60% de avance físico. Fuentes oficiales aseguran que el dinero se utilizará para terminar la mayor cantidad de obras posibles y que se buscará financiamiento privado para aquellas que queden inconclusas.
A lo largo de la campaña, Javier Milei hizo referencia al sistema de obra pública a la chilena. “El Estado le entrega al privado la responsabilidad de poder generar una inversión, entendiendo que las prioridades las define el Gobierno”, señaló en reiteradas ocasiones.
Con este modelo, el Estado le concedería al sector privado el derecho a explotar la inversión. Por ejemplo, la empresa que construya una autopista podrá cobrar peajes por un tiempo determinado para recuperar lo invertido y, al terminar el plazo, el Gobierno tendría que decidir si se hace cargo del servicio o inicia una nueva licitación de explotación y mantenimiento. (TN)
Obra pública «paralizada»: advierten que hay cerca de 3.500 proyectos inconclusos
La Cámara Argentina de la Construcción convocó a su Consejo Federal para el próximo jueves, con el objetivo de “definir líneas de acción” por el freno en la obra pública. Señalan que hay más de 500.000 trabajadores en riesgo.
El sector de la construcción se encuentra en “alerta” y advierte por las consecuencias de la parálisis en la obra pública, que pone en riesgo miles de puestos de trabajo, a partir de los recortes dispuestos por el Gobierno de Javier Milei.
Desde la Cámara advierten por “la delicada situación que atraviesa el sector de la construcción en el país” y destacan que “el encuentro se da en medio de una parálisis generalizada de la obra pública, con cerca de 3.500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1.400 empresas asociadas en CAMARCO que dan empleo a más de 500.000 trabajadores”.
Y destacaron que “el sector tiene además un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional”.
El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1.400 empresas socias, de toda envergadura. Está integrado además por las Delegaciones con sede en todo el país.
“Durante el encuentro, convocado de manera extraordinaria por la gravedad de la situación, los Consejeros expondrán los problemas que afectan al sector, como la parálisis de la obra pública, el retraso de los pagos, el impacto de la elevada inflación y las altas tasas interés”, detalla el texto.
Esta ecuación, aseguran, pone en riesgo la continuidad de muchas empresas, “con la pérdida no sólo de capital sino también de los conocimientos productivos que ello implica, y el consecuente impacto sobre el empleo”.
“Un sinnúmero de empresas asociadas se encuentra en una situación límite que requiere definiciones de manera urgente, ya que el quiebre de la cadena de pagos pone a las compañías al borde de la desaparición en cuestión de semanas”, detallaron. (Ambito.com)
