El Gobierno nacional volvió a poner en escena un proyecto que apunta a realizar una fuerte depuración del entramado legal argentino. Se trata de la denominada “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone eliminar cerca de 70 normas consideradas obsoletas, innecesarias o contradictorias con el enfoque actual de gestión.
El texto, que volvió a ingresar a la Cámara de Diputados tras haber perdido estado parlamentario en diciembre, busca avanzar sobre leyes que, según el oficialismo, quedaron desactualizadas por el paso del tiempo, los cambios tecnológicos o la superposición con normativas más recientes. La intención es reducir lo que el Gobierno define como “exceso regulatorio” y simplificar el sistema jurídico.
Entre las normas alcanzadas aparecen disposiciones que llaman la atención por su antigüedad o singularidad. Algunas regulaban aspectos hoy totalmente superados, como la autorización de la televisión en color o el uso de microfilmación para archivos públicos. Otras, en cambio, remiten a prácticas o contextos históricos que ya no tienen aplicación concreta.
También se incluyen leyes que, desde la mirada oficial, interfieren en libertades individuales. En ese grupo se ubican regulaciones vinculadas al control de reuniones en ámbitos privados o requisitos para circular por el país, como el denominado “carnet de mochilero”. Para los impulsores del proyecto, este tipo de normativas resulta incompatible con principios básicos de autonomía personal.
El paquete incorpora además modificaciones orientadas a eliminar beneficios considerados privilegios dentro del sector público. Entre ellas, se propone revisar el financiamiento estatal de determinadas entidades vinculadas a la política y quitar facilidades como la libre circulación o estacionamiento para legisladores.
No obstante, el proyecto también abre discusiones de carácter cultural e histórico. Un ejemplo es la intención de derogar la ley que establece el padrinazgo presidencial para el séptimo hijo o hija, una tradición asociada a creencias populares. A su vez, se cuestionan normativas que definen criterios sobre la producción cultural nacional, como las vinculadas a la música argentina.
Con este nuevo envío al Congreso, el oficialismo busca reinstalar el debate sobre la desregulación y el rol del Estado, en una iniciativa que combina la eliminación de leyes en desuso con otras medidas que generan posiciones encontradas en el ámbito político y social.
