(Por Jorge Kurrle) El caso explotó por donde más duele: por la contradicción. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de ajuste, mérito y fin de los privilegios, una nueva polémica puso al Banco Nación en el centro de la escena por créditos hipotecarios millonarios tomados por funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza. Registros públicos del BCRA, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, muestran que al menos 9 funcionarios y diputados oficialistas accedieron a préstamos del Banco Nación por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones.
La cifra que más ruido hizo en la discusión pública fue otra: que una parte muy importante de los créditos hipotecarios de mayor volumen habría quedado en manos de nombres cercanos al oficialismo. Esa difusión encendió la tormenta política, aceleró el pedido de explicaciones y abrió una discusión inevitable sobre si hubo una operatoria normal o un beneficio demasiado próximo al poder. Por ahora, lo comprobado es que los créditos existieron y que ya quedaron bajo fuerte escrutinio político y judicial.
El escándalo no tardó en escalar a Comodoro Py. Ya se presentaron al menos dos denuncias penales y ambas quedaron radicadas en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti. En esas presentaciones se pide investigar si hubo defraudación al Estado, abuso de autoridad o violación de deberes de funcionario público en el otorgamiento de esos préstamos. La Justicia todavía no resolvió el fondo del asunto, pero el expediente ya existe y el tema dejó de ser solo una polémica mediática.
Desde el oficialismo buscaron bajar el tono. El Banco Nación sostuvo que el procedimiento fue homogéneo y sin excepciones, mientras que el ministro Luis Caputo defendió públicamente a los involucrados y negó que hubiera ilegalidad o inmoralidad. La explicación oficial apunta a una idea simple: que cualquier persona que cumpliera los requisitos podía acceder a esas mismas condiciones. Pero el problema político no se agota en la legalidad. También pasa por la imagen que deja ver a funcionarios del poder accediendo a créditos de alto monto en un país donde llegar a la vivienda propia sigue siendo una carrera cada vez más difícil para la mayoría.
El episodio tomó todavía más temperatura con el caso de Leandro Massaccesi, exfuncionario de Capital Humano, quien quedó envuelto en la controversia por un crédito cercano a los $420 millones y fue desplazado de su cargo. Aunque desde el Gobierno intentaron separar ambas cosas, la salida terminó alimentando la sensación de que el tema estaba lejos de ser menor. A veces, en política, no hace falta una condena para que el costo ya esté corriendo.
El punto de fondo es otro y pega directo sobre el relato libertario. Porque si el Banco Nación fue durante años un símbolo de lo que había que reformar, achicar o incluso privatizar, hoy aparece como la entidad que otorgó créditos millonarios a parte del elenco oficial. Y esa imagen, más allá de lo que diga la letra fina de cada carpeta bancaria, lastima el discurso. No por lo que se gritó en redes, sino por lo que cualquier ciudadano entiende al mirar la escena: el banco de todos volvió a quedar demasiado cerca de los que gobiernan.
En definitiva, la Justicia tendrá que determinar si hubo o no irregularidades. Pero en la calle, en la conversación pública y en la grieta política, el daño ya empezó. Porque cuando los créditos más altos orbitan alrededor del poder, la sospecha se vuelve noticia. Y cuando esa noticia golpea sobre la promesa de terminar con la casta, la tormenta deja de ser bancaria para convertirse en un problema de credibilidad.
