Un rostro civil no visto apareció en la Argentina y tensionó al país institucionalmente, al tiempo que sembró zozobras en trabajadores, productores, empresarios, industriales, excepto en contadas grandes empresas y contados dirigentes empresariales que apoyaron la “desregulación” de la economía.
En la semana que acaba de concluir. por momentos se tuvo la impresión de estar, otra vez, en un gobierno militar. Fue cuando por los altavoces de las estaciones de trenes de Buenos Aires se escuchaban las “recomendaciones” de no manifestarse en las calles so pena de perder los planes sociales. (De lo que se perdió George Orwell). O cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (¡?) subían a los colectivos a grabar a quienes viajaban, o cuando gendarmes hacían bajar a pasajeros con “sospechosa cara de manifestante”.
Buenos Aires se blindó y un puñado de organizaciones de izquierda se manifestó intentando la más de las veces no bajarse de la vereda para ocupar la calle –que muchas veces ocuparon los agentes de seguridad-. Y ahora tendrán suerte. porque a ellos y a todos los demás movimientos sociales (que no fueron a esa protesta) les cobrarán 60 millones de pesos por la desmedida movilización de uniformados, que organizó la ministra de Seguridad y monitoreó el mismísimo presidente de la Argentina. Tendrán suerte porque compartirán gastos si finalmente se cumple la amenazante resolución del Ministerio orwelliano.
Después, a la noche de ese día, llegó el “Caputazo”, el DNU del Presidente con todas las “reformas” que se presentaron como “desregulación de la economía” y no son sino una injerencia brutal del Estado en la economía, arrogándose la suma del poder público al intentar evitar al Congreso de la Nación. Y tal parece, la mayoría de las disposiciones llevan por objetivo beneficiar a las grandes empresas existentes en cada área de la actividad económica. De ser así, como se sospecha, aumentaría exponencialmente la gravedad de la medida pretendida.
Claro que a la noche volvieron los “cacerolazos”. que no trasmitieron la mayoría de los canales de televisión de aire, otorgando protagonismo a uno de los canales que sí lo hacía. Cacerolazos que fueron espontáneos y se dieron en gran cantidad de ciudades del país y que, en el caso de Buenos Aires, los llevaron adelante manifestantes que se trasladaron al Congreso de la Nación para pedir su intervención.
No fueron escuchados sino descalificados. Hasta por el propio Presidente los consideró afectados por el “síndrome de Estocolmo”, usando un dibujito según el cual él abría la puerta de la cárcel en la que estaba el cacerolero.
En la maraña del sinsentido, cual vendaval, el “Caputazo” se llevaba puestos los derechos adquiridos después de tantos años, de tanta lucha, por argentinos de todas las latitudes, de todas las actividades. Sin ir más lejos, al Instituto Nacional de la Yerba Mate nacido al calor de un tractorazo que llegó a Posadas, como producto de la grave crisis generada en los ’90 debido a las medidas que adoptó el menemismo que ahora pretenden revivir.
Ni siquiera los correligionarios de Raúl Solmoirago. gestor del Inym, salieron a defenderlo. Llámese Martín Arjol o Pepe Pianesi. Impensadamente fue un hombre del PRO, Martín Goerling, que tuvo la decencia de decir que apoya al Presidente, pero no todo lo propuesto: no a la desregulación yerbatera; que el FET siga como está con alguna variante para llegar al productor en forma más directa, quitar las retenciones que se le pretenden reimplantar a la foresto industria. Incluso gestionó a nivel de la Secretaría de Agricultura de la Nación.
Su posición se acercó así a la irrestricta defensa de los intereses misioneros que llevó y lleva adelante el gobierno del Frente Renovador de la Concordia y sus legisladores nacionales. Es más, su presidente Carlos Rovira promueve un Instituto Provincial de la Yerba Mate para seguir respaldando a los chicos y medianos productores, industriales, cooperativas. De su parte y tras coincidir y acompañar a Rovira, el gobernador Hugo Passalacqua adelantó que irá a la Justicia para rescatar las potestades del Inym: fijación de precios, cupo de plantío y estampillado.
La pretensión de vulnerar los derechos conseguidos (Editorial)https://t.co/kha4oKYjcX pic.twitter.com/fwfgI4aRKT
— Jorge Kurrle (@jorgekurrle) December 24, 2023
