(Por Jorge Kurrle) La muerte de un hombre de 46 años mientras jugaba en un predio sin habilitación dejó de ser solo una tragedia para convertirse en un caso que incomoda, interpela y obliga a mirar más allá del desenlace fatal. Porque cuando un lugar abre sus puertas, cobra por una actividad y recibe personas, no puede funcionar como si la vida de los que entran dependiera únicamente de la suerte.
En diálogo con el abogado Adrián Benítez, quedó planteado un eje tan delicado como inevitable: aquí no solo hay dolor, también puede haber responsabilidad. Y no menor. Porque si el predio funcionaba sin habilitación, sin condiciones claras y sin previsión suficiente ante una emergencia, la discusión ya no pasa por una simple irregularidad administrativa. Pasa por saber si hubo negligencia detrás de una muerte. 
El periodista Jorge Kurrle puso el foco donde duele: qué debía tener previsto un lugar así para responder ante una situación límite. La respuesta del abogado fue contundente: tenía que estar previsto. Y esa frase, por sí sola, ordena toda la escena. Porque si había una actividad comercial en marcha, si había personas pagando por jugar, si había circulación pública dentro del predio, entonces también debía haber un estándar mínimo de cuidado, reacción y asistencia. 
Benítez explicó que la víctima, al pagar por usar el lugar, encuadra como consumidor. Eso no es un detalle técnico: es el punto que coloca al explotador del predio bajo una obligación concreta de seguridad. No alcanza con alquilar una cancha, prender las luces y cobrar la hora. Cuando se presta un servicio, se asume también la carga de proteger a quien lo contrata. 
Y ahí aparece otro dato explosivo: la responsabilidad objetiva. Es decir, el dueño o responsable del lugar puede quedar alcanzado judicialmente por lo ocurrido dentro del establecimiento, aun cuando no haya estado al lado de la víctima en el momento exacto del hecho. La razón es sencilla: la tragedia no ocurrió en la calle ni en un ámbito ajeno; ocurrió dentro de un local comercial que ofrecía una actividad y obtenía un beneficio económico por ella. 
En la charla, Jorge Kurrle también insistió sobre un aspecto que muchas veces se relativiza hasta que ya es tarde: la necesidad de que estos lugares cuenten con personal capacitado en RCP, recursos básicos de emergencia y capacidad de respuesta inmediata. Porque esperar una ambulancia, sin preparación previa, puede transformarse en una coartada demasiado pobre cuando lo que está en juego es una vida. 
La falta de habilitación, en ese escenario, agrava todo. Porque no solo expone un funcionamiento por fuera de las condiciones formales exigibles, sino que además alimenta la sospecha sobre qué otros controles faltaban, qué protocolos nunca existieron y qué riesgos fueron ignorados. Según Benítez, si la investigación confirma negligencia, imprudencia o impericia, incluso podría discutirse penalmente una figura de homicidio culposo. 
También hubo una aclaración importante. Frente a quienes dicen livianamente que “esa persona podía morirse igual en cualquier lado”, el abogado fue terminante: eso no lo resuelven los comentarios ni las redes. Lo debe resolver una pericia. La Justicia tendrá que determinar si el desenlace era inevitable o si hubo omisiones que empeoraron la situación. Y esa diferencia, en un expediente, cambia todo. 
Por eso, detrás de esta muerte hay una discusión mucho más amplia. No se trata solo de una persona que se descompensó mientras hacía deporte. Se trata de un sistema de controles flojos, de predios que a veces funcionan al límite, y de una cultura de la informalidad que naturaliza lo peligroso hasta que ocurre lo peor.
Lo que pasó no debería quedar encapsulado en la fatalidad. Porque si un espacio comercial recibe público, cobra y opera sin estar debidamente preparado, entonces no estamos frente a un accidente aislado: estamos frente a una cadena de responsabilidades que la Justicia deberá desarmar pieza por pieza.
