En la edición 16 del Consejo Consultivo se compartieron los resultados del año, los datos del sistema de detención provincial y las líneas de trabajo articuladas para fortalecer derechos en contextos de privación de libertad.
El Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de Misiones fue sede la sesión 16 del Consejo Consultivo de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, ocasión en la que el organismo presentó su Informe Público Anual 2025 y expuso los principales avances de las tareas de control y monitoreo desarrolladas durante el año. Participaron autoridades de los poderes del Estado, representantes municipales, integrantes de las fuerzas de seguridad, organizaciones y cadetes.
La presidenta de la comisión, Yanina Constanza Yudar, dio la bienvenida y explicó el enfoque de la jornada. “Es la décimo sexta edición de nuestro consejo consultivo. Estamos cumpliendo ocho años de la comisión, así que hoy vamos a hablar de números: del servicio penitenciario, de las comisarías y del recorrido que hicimos durante todo este año de gestión”, afirmó.
Valoró también el trabajo interinstitucional, al señalar que “por suerte nos confirmaron varias autoridades que trabajan en conjunto con la comisión. La riqueza del consejo consultivo es este ida y vuelta permanente”.
Durante su exposición, presentó los datos actualizados sobre la población privada de libertad en la provincia. “Hoy estamos hablando de más de mil ochocientas personas en el Servicio Penitenciario y unas ochocientas en comisarías. No es un número preocupante para nosotros; es un número que trabajamos, pero sí debemos mantener la atención”, explicó.
“No podemos hablar de superpoblación, pero sí estamos trabajando con la Justicia y con el Servicio Penitenciario para que esto no ocurra”, agregó. También precisó que, si bien existen personas que deberían estar bajo órbita federal, esta situación no representa un conflicto operativo para la provincia.
La reinserción social fue otro de los ejes destacados. “Trabajamos constantemente en la reinserción. La comisión se basa en que las personas que recuperan su libertad puedan reinsertarse en la sociedad. Por eso trabajamos con Educación y con todos los organismos del Estado que puedan aportar”, indicó.
“Lo más importante para nosotros es que una persona que estuvo privada de su libertad pueda reinsertarse de la mejor manera y acceder a oportunidades que no tuvo antes. La Justicia determina la libertad; nosotros acompañamos el proceso de reinserción”, remarcó.
Contenido del Informe Público Anual 2025
El informe presentado por la Comisión de Buenas Prácticas reúne el trabajo desarrollado durante el año y un análisis detallado de la situación de encierro en la provincia. Entre los principales aspectos, incorpora un estudio completo sobre la situación procesal de las personas imputadas, que incluye 612 internos sin condena firme y 217 con más de dos años de detención, con un desarrollo pormenorizado por unidades penitenciarias, circunscripciones judiciales y tipos de delito. También presenta un relevamiento integral de las quince unidades regionales de la Policía de Misiones, con variaciones consignadas de manera anual y semestral para identificar tendencias, incrementos o descensos en la cantidad de personas alojadas.
El documento además sistematiza los 377 traslados concretados desde comisarías al Servicio Penitenciario entre enero y noviembre, un dato que permite observar los flujos de derivación dentro del sistema. Ofrece asimismo una lectura provincial sobre los tipos penales más frecuentes, señalando patrones de rotación en delitos contra la propiedad y una mayor permanencia en delitos contra la integridad sexual.
Otro de los ejes abordados es la situación de salud mental y los consumos problemáticos, donde se analizan los casos relevados durante el año y se proponen acciones para fortalecer la articulación entre el sistema de salud y los establecimientos de detención. También se integran las acciones institucionales impulsadas por la comisión, entre ellas capacitaciones en derechos humanos y diversidad destinadas al personal policial de distintas unidades regionales.
El informe incluye un capítulo dedicado a la educación en contexto de encierro, con un repaso de la oferta formativa disponible en cada establecimiento penitenciario, los avances logrados y los desafíos detectados. A ello se suma la continuidad del programa “Creciendo a través de la disciplina”, que promueve la práctica deportiva como herramienta de intervención social, preventiva y educativa en las unidades penales.
Finalmente, se incorporan los resultados del monitoreo de dispositivos provinciales vinculados a derechos humanos, con recomendaciones orientadas a fortalecer procedimientos, consolidar buenas prácticas y mejorar las condiciones de alojamiento a lo largo del sistema.
