El caso de Alejandra y su hija Emma, de 9 años, revela una situación crítica de desprotección institucional. Tras huir de Buenos Aires hacia Oberá (Misiones) para resguardar la vida y la salud mental de la niña, la madre enfrenta sanciones económicas y amenazas judiciales, mientras el padre intenta forzar el contacto con la menor.
Riesgo comprobado
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema dictaminó “riesgo medio” luego de que el progenitor intentara llevarse a la niña por la fuerza en la vía pública, provocándole ataques de pánico y secuelas emocionales severas.
Testimonios escolares
El colegio al que asistía Emma en CABA certificó que sufría ansiedad, angustia y episodios de autolesión. En informes oficiales, se dejó constancia de que la propia niña pidió ayuda a las psicopedagogas y expresó su deseo de mudarse a Misiones con su madre.
Violencia institucional
Lejos de protegerla, el Juzgado Civil N.º 85 de CABA desestimó la denuncia de violencia y prohibió a la menor salir de Buenos Aires. Además, impuso a la madre una multa de $200.000 por cada día que permanezca en Misiones, amenazándola con acciones penales.
Contención en Oberá, pero sin garantías
En Oberá, Alejandra y Emma reciben acompañamiento psicológico por parte de la Municipalidad. Sin embargo, el padre amenazó con irrumpir en la nueva escuela de la niña para llevársela. El Juzgado de Familia Subrogante N.º 1 de Oberá aún demora el dictado de una restricción perimetral de urgencia, lo que deja a la menor expuesta a un nuevo intento de secuestro.
El pedido desesperado
Alejandra reclama que la Justicia de Misiones actúe con rapidez: “Necesitamos que el juez dicte la restricción perimetral de urgencia para que Emma pueda empezar las clases en paz, y que la Justicia de CABA deje de multarme por salvar a mi hija”.
