Hace ya dos meses, en pleno centro de la ciudad de Posadas, y luego de una investigación de más de dos años, la Gendarmería Nacional concretó uno de los golpes más importantes de los últimos treinta años contra el tráfico, comercio, cría y tenencia ilegal de fauna silvestre en la Argentina.
En el marco de ese procedimiento judicial, OHANA fue convocada formalmente para hacerse cargo de los animales secuestrados, conforme a lo que indicaba la orden judicial: allanamiento y resguardo inmediato de los ejemplares.

Lo que se encontró en el lugar fue una de las escenas más graves y dolorosas registradas en años recientes: animales autóctonos hacinados en recipientes improvisados, cria no autorizada de especies autóctonas y exóticas, especies exóticas mezcladas con animales domésticos, ejemplares en peligro de extinción, animales protegidos por la Convención CITES y especies ingresadas ilegalmente al país, como iguanas provenientes de Brasil.

Durante el procedimiento, al solicitar la revisión de heladeras y freezers, el responsable del lugar reaccionó de manera nerviosa intentando impedir que se abrieran las heladeras. Allí se constató la presencia de animales muertos, entre ellos monos que el propio infractor exhibía en redes sociales como supuestamente “criados”, congelados en freezers, además de otros reptiles que corrieron el mismo cruel destino.

En ese único sitio se concentraban todos los delitos tipificados contra la fauna silvestre: maltrato animal, tenencia ilegal, comercio ilegal, tráfico y contrabando de fauna, todo bajo una fachada pública de supuesto “rescatista” y “conservacionista”.
Cabe destacar que estos hechos ocurrían en pleno centro de Posadas, a la vista y paciencia de la comunidad y de los organismos con competencia en el control de fauna.

Decisiones judiciales controvertidas y pérdida de la cadena de custodia
Lo más grave se produjo con posterioridad al allanamiento. El juez interviniente resolvió que los animales permanecieran en el mismo lugar del operativo, argumentando la necesidad de una evaluación más profunda dada la magnitud del caso.
Un mes después, la orden de retiro fue emitida. Posteriormente, y según consta en el informe oficial remitido por Gendarmería Nacional al expediente, el magistrado solicitó de manera telefónica que el propio infractor trasladara los animales al escuadrón de Gendarmería, para evitar más escándalo en posadas…. una decisión que implica la pérdida de la cadena de custodia, vulnera principios básicos del derecho y pone en riesgo el bienestar de los animales.
Actualmente, el juez que tuvo a su cargo el allanamiento ya no se encuentra subrogando en el
Juzgado, fue removido por causas desconocidas.

Maniobras dilatorias y pedidos selectivos de traslado
Durante todo este tiempo, el infractor ha intentado obstaculizar el proceso judicial mediante pedidos de nulidad del procedimiento, al tiempo que ha solicitado el traslado parcial —no total— de algunos animales a la Fundación Temaikèn.
Este pedido selectivo genera serios interrogantes:
¿Por qué solo algunos animales y no todos? Cuál es la relación que existe entre Temaiken y este infractor?
Hasta el momento, no existen respuestas públicas claras a estas preguntas.

Dos meses después: preguntas sin respuesta
A dos meses del operativo, persiste una preocupación central:
¿Dónde están hoy los animales?
¿En qué condiciones se encuentran?
¿Quién garantiza su resguardo efectivo?
Mientras el tiempo pasa, crece el riesgo de que el caso se diluya, que la sociedad se acostumbre al silencio y que se reinstale la impunidad que durante décadas ha afectado a los delitos contra la fauna silvestre.

Desde OHANA manifiestan “hemos recibido amenazas, campañas de difamación y Aun así, seguimos hablando, porque los animales no pueden hacerlo. Sabemos
Que muchos nos quieren callados o peor aún CERRADOS”

Exigimos respuestas
Exigimos a las autoridades competentes, y en especial al Poder Judicial, que actúen con urgencia, que dispongan el retiro inmediato y seguro de todos los animales del lugar del allanamiento y que estos hechos sean investigados y sancionados como lo que son: un atentado grave contra la biodiversidad y contra el Estado de Derecho.
Hablar es impedir el silencio.
Y mientras alguien hable, los animales todavía tienen esperanza





