El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que la gestión del presidente Javier Milei está “abierta a la discusión”, pero ratificó que no negociará el déficit cero.
Como anticipó TN, la Casa Rosada tensa las negociaciones con gobernadores y se prepara para extender la prórroga del Presupuesto 2023. El Ejecutivo analizó el impacto fiscal de las medidas que le pidieron los mandatarios provinciales y sostiene que “generan déficit”.
El Gobierno asegura que acceder a estos pedidos le significarían $3700 millones al Tesoro y reconoce que las conversaciones están trabadas. Mientras que los jefes provinciales también expresan que no hubo un acercamiento de posiciones con Nación.
El martes el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, suspendió el encuentro en que estaba previsto que se firmaran los dictámenes de la iniciativa, conocida como “Ley de Leyes”, para su avance en el Congreso, por diferencias con los gobernadores.
Las trabas entre la Casa Rosada y los gobernadores por el Presupuesto 2025
Según pudo saber TN hay áreas de Balcarce 50 que ya hacen planificaciones presupuestarias para programas de 2025 sin contar con los techos que contiene el proyecto. El encargado de habilitar fondos para las partidas es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que estuvo reunido ayer con el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Desde el entorno del Presidente sostienen que prefieren ampliar la prórroga para manejar la distribución de fondos de manera discrecional. El sector más ortodoxo del Ejecutivo quiere evitar el control directo del Congreso y mantiene la postura de que “no afecta la toma de crédito internacional que no haya presupuesto”.
El Gobierno busca endurecer su postura con los gobernadores e insiste en que “no está dentro de las posibilidades que se cumplan todos los pedidos”. Esos reclamos incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos -$293.000 millones- y el financiamiento de cajas jubilatorias, que significan $322.000 millones.
También la reducción de aportes por la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos -$221.000 millones-, las compensaciones pendientes del consenso fiscal del 2017 ($1000 millones) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos ($1700 millones).
La mesa chica de Balcarce 50 afirma que convocará a sesiones extraordinarias solo si hay un acuerdo avanzado con las provincias previo al 30 de noviembre, que termina el tratamiento ordinario en el Congreso. Adorni confirmó que por el momento “no está definido” que vaya a haber una convocatoria. (TN)