Tras la sanción del Presupuesto, el Gobierno expone diferencias por la reasignación de partidas vinculadas a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Mientras que un sector del Ejecutivo sostiene que trabaja en un decreto para readecuar fondos en enero, otro asegura que esas normas no se aplicarán porque están “suspendidas”.
“Al aprobarse sin detallar de dónde se van a financiar, quedaron sin aplicación”, expresan en ese espacio de Nación. Se trata de una discusión interna que está realizando puertas adentro la Casa Rosada desde que la derogación de ambas leyes quedó afuera del proyecto presupuestario tras el rechazo del capítulo once en la Cámara de Diputados.
En Balcarce 50 conviven hoy dos interpretaciones sobre la vigencia de las leyes. Hay funcionarios que siguen insistiendo en que el Presupuesto tiene déficit por no contar con la eliminación de la aplicación de Discapacidad y Universidades y que deben recortar otras partidas para compensar el destino de fondos a esas áreas.
Insisten además en que el equipo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en alternativas administrativas para reordenar créditos durante la ejecución del Presupuesto. No descartan la emisión mensual de un decreto que permita ajustar partidas en función de la recaudación, las metas fiscales y la evolución de las cuentas públicas.
El sector del Gobierno que se opone a la aplicación de las normas sostiene que el rechazo parlamentario a la derogación de las leyes no implica su ejecución presupuestaria y que cualquier reasignación requeriría una decisión política adicional de Nación. “El Presupuesto no incorpora esas erogaciones y no vamos a reconocer gastos sin financiamiento”, expresan.
Las diferencias también están atravesadas por el impacto fiscal de ambas normas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la Ley de Financiamiento Universitario implica un costo estimado de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, mientras que la Ley de Discapacidad puede alcanzar un impacto del 0,42% del producto, en función de la ampliación de beneficiarios y prestaciones.
El Ejecutivo tiene en carpeta una contrapropuesta legislativa para ambas leyes, que todavía no definió cuando volverá a impulsar. Para universidades, incluye la actualización automática por un esquema acotado: 20% de aumento en gastos de funcionamiento respecto de 2025 y actualización salarial escalonada con un 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026.
En Discapacidad, mantiene la declaración de emergencia, pero plantea que la prestación quede atada a parámetros previsionales: establece la pensión en 70% del haber mínimo jubilatorio y habilita su compatibilidad con trabajo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos. Abarca además una compensación retroactiva para prestadores y propone un ajuste trimestral de aranceles a cargo de Salud y la ANDIS, con cláusula de referencia al IPC si no hay definición.
(TN)
