El Gobierno nacional decidió mantener las reformas aplicadas al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y rechazó el reclamo presentado por representantes del sector de talleres que buscaban frenar los cambios. La decisión quedó oficializada en el Decreto 139/2026, publicado el 9 de marzo en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo.
El reclamo había sido presentado contra el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 24.449. La presentación fue impulsada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (CATRAI) junto con empresas y particulares del sector.
VTV: cambios en los plazos y la periodicidad
Entre los puntos más discutidos se encuentran las modificaciones en la frecuencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Con la nueva normativa, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años del patentamiento, en lugar de los tres que regían anteriormente.
Además, los autos con hasta diez años de antigüedad deberán someterse al control cada dos años, lo que representa una extensión en los intervalos de revisión.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida responde a la evolución tecnológica del parque automotor y a estudios que indican que la mayoría de los siniestros viales se vinculan con errores humanos y no con fallas mecánicas.
Apertura del sistema y eliminación de requisitos
Otro punto central del conflicto fue la modificación del régimen de habilitación de talleres. La normativa establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres revisores ni fijar tarifas obligatorias, lo que apunta a generar mayor competencia dentro del sistema.
La CATRAI había cuestionado esta apertura, señalando que permitir la participación de concesionarias, importadores u otros talleres podría afectar la imparcialidad del control. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que la objetividad se garantiza mediante mecanismos de fiscalización del proceso y no restringiendo la actividad de los prestadores.
También quedó confirmada la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), medida presentada como parte de una simplificación administrativa.
Finalmente, el Poder Ejecutivo concluyó que los argumentos del reclamo no lograron modificar los fundamentos de la reforma y dispuso rechazar la presentación administrativa, dejando firmes los cambios implementados en el sistema de revisión técnica vehicular.
(Fuente: Ámbito)
