Argentina se enfrenta a un desafío importante con respecto al acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aún necesita ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, en lugar de seguir el proceso legislativo tradicional, el Ejecutivo busca que este acuerdo pase mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una medida que le permitiría sortear la aprobación del mismo con el voto positivo de una sola camara. Esta estrategia ha generado dudas y preocupaciones en cuanto a la transparencia y la legalidad del acuerdo.
Según Sergio Fasano, contador y consultor, el gobierno enfrenta un obstáculo importante al no contar con un presupuesto aprobado, ya que los presupuestos anteriores han sido prorrogados durante los últimos dos años. «El primer problema es que no tenemos un presupuesto vigente, lo que hace imposible tener una pauta clara sobre el endeudamiento«, explicó Fasano. Esto lleva al gobierno a recurrir a un DNU para poder avanzar sin la discusión detallada en ambas cámaras del Congreso.
El DNU permite que un acuerdo sea ratificado por una sola cámara del Congreso, lo que simplifica su aprobación y reduce la posibilidad de un debate profundo sobre los términos del acuerdo. Fasano destacó que, en este contexto es un escenario que genera preocupación, ya que los legisladores no tendrían la oportunidad de conocer en profundidad las implicancias del acuerdo con el FMI.
Si el DNU no es rechazado por ambas cámaras, automáticamente tiene fuerza de ley, lo que evitaría la discusión legislativa sobre los detalles del acuerdo».
Sergio Fasano, contador y consultor
Además, se mencionó que desde el gobierno se sostiene que este acuerdo no implica un aumento de la deuda, sino una reconversión de la deuda interna en deuda externa. Sin embargo, la falta de un presupuesto claro y el uso del DNU dificultan la evaluación precisa de cómo impactará este acuerdo en las finanzas del país. Fasano subrayó que «el gobierno presenta el acuerdo como una reconversión, pero los detalles sobre cómo se estructurará la operación siguen siendo vagos y carecen de la claridad necesaria para un análisis completo».
La Ley Guzmán, aprobada en 2021, establece que cualquier endeudamiento por encima de lo presupuestado debe ser autorizado por el Congreso mediante una ley específica. Sin embargo, el uso del DNU elude este requisito y podría generar un precedente peligroso en términos de control legislativo sobre los compromisos financieros del país. «El gobierno opta por esta vía para evitar el debate público y acelerar el proceso, pero esto podría afectar la transparencia del acuerdo», indicó Fasano.
Aunque el Ejecutivo aseguró que el acuerdo no incrementará la deuda, el uso del DNU sin un presupuesto aprobado y con pocos detalles sobre las condiciones del acuerdo genera incertidumbre sobre sus implicaciones a largo plazo.
