El sector yerbatero enfrenta una crisis marcada por la caída en la rentabilidad, la pérdida de previsibilidad en los precios y un sistema de pagos cada vez más extendido. Mientras las exportaciones crecen, los productores advierten que apenas captan el 11% del valor en góndola y denuncian pérdidas de más de $240 por kilo de hoja verde.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió su informe sectorial con datos a diciembre de 2025, donde advierte sobre la delicada situación que atraviesa el complejo yerbatero.
Según el relevamiento, entre enero y diciembre de 2025 se procesaron 889,3 millones de kilogramos de hoja verde, lo que representa una caída del 9,9% interanual respecto de la cosecha récord de 2024. Aun así, el volumen se ubicó 0,8% por encima del registrado en 2021, el segundo año de mayor procesamiento del período analizado.
El consumo interno mostró un leve repunte del 3,1% interanual, alcanzando los 266,8 millones de kilogramos, aunque todavía se mantiene 6,5% por debajo de los niveles de 2023. En paralelo, las exportaciones crecieron un 32,4% interanual, con fuerte demanda en mercados como Siria, Chile, España y Estados Unidos, que desplazó a Brasil del cuarto lugar.
Las importaciones, en cambio, tuvieron un comportamiento dispar: crecieron 72,4% respecto de 2023, pero cayeron 4,6% frente al año anterior. La mayor parte provino de Brasil (72,2%) y Paraguay (27,2%).
El informe advierte sobre la grave pérdida de rentabilidad de los productores. En diciembre de 2025, el precio máximo pagado por kilo de hoja verde fue de $180, mientras que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) estimó en $424 el costo de producción. Esto implica una pérdida mínima de $244 por kilo, equivalente al 136% de lo que recibe el productor.
La relación entre el precio en góndola y lo que perciben los productores se deterioró aún más: en diciembre apenas captaron el 11% del valor final, el peor registro desde 2019. A esto se suma un sistema de pagos extendido en el tiempo —50% al contado y el resto en cuotas a 30, 60, 90 y hasta 120 días—, con un aumento de cheques rechazados que agrava la incertidumbre.
La conclusión del CEPA es contundente: los productores enfrentan una crisis marcada por la falta de previsibilidad en los precios y la imposibilidad de cubrir costos básicos. El riesgo de desinversión y reducción de la oferta en el mediano plazo se incrementa, y como señal de protesta el sector anunció la “no cosecha” de la zafra de verano, reclamando medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad.
