En el Medio De Todo emitido en dúplex con C6Digital, participó el abogado Ezequiel Gamarra, quien analizó el debate en torno a la posible modificación del Régimen Penal Juvenil y la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. En ese marco, aclaró que “no hay un proyecto presentado formalmente en el Congreso”, sino propuestas impulsadas por distintos actores políticos.
El letrado explicó que actualmente rige la Ley 22.278, que establece que los menores pueden ser penados a partir de los 16 años y bajo un régimen de tutela, aplicable únicamente en casos de delitos graves. “Los menores pueden ser penados a partir de los 16 años, y recién al cumplir los 18 pueden pasar al régimen de adultos”, señaló, al detallar el funcionamiento del sistema vigente.
Respecto a las versiones que plantean una baja de la edad de imputabilidad a los 13 o incluso 12 años, Gamarra indicó que se trata de declaraciones y no de un anteproyecto legislativo. “Esto no es un anteproyecto, sino una propuesta que se hizo en las últimas semanas”, afirmó, y recordó que los tratados internacionales de jerarquía constitucional protegen a las personas menores de 18 años.
En ese sentido, explicó que cualquier proceso penal juvenil debe ser distinto al de los adultos y requiere evaluaciones previas.
El menor tiene que estar en conocimiento de si entiende el delito que está cometiendo y si está en condiciones de ser juzgado”, sostuvo, y mencionó la intervención de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales.
El abogado también se refirió a experiencias internacionales donde se intentó reducir la edad de imputabilidad. “En países nórdicos quisieron bajar la edad y tuvieron que volver atrás por los problemas de reincidencia”, señaló, y explicó que los sistemas diferenciados terminaron generando nuevas dificultades para la contención de los menores.
Otro de los puntos abordados fue la relación entre delito juvenil y contexto social. “La gran mayoría de las personas que cometen delitos contra la propiedad provienen de contextos de bajos recursos”, afirmó, y consideró contradictorio exigir responsabilidad penal cuando:
El Estado llega con la mínima duda y no con políticas de contención”.
Finalmente, Gamarra remarcó la necesidad de un debate profundo que contemple recursos y políticas públicas integrales. “La salida a todo esto es socioeducativa”, expresó, y advirtió que “la parte punitiva siempre va por delante”, mientras que la educación y la prevención siguen siendo asignaturas pendientes.
