En un contexto de crecimiento económico que aún no logra traducirse en una recuperación sostenida del consumo, crece la preocupación en el sector empresarial por el aumento de la morosidad en los créditos y el avance del contrabando.
El financiamiento, que durante 2024 fue clave para sostener las ventas de bienes durables, comienza a mostrar signos de agotamiento. Rubros como electrodomésticos, que impulsaron el consumo a través de cuotas y promociones, enfrentan ahora niveles de mora que oscilan entre el 30% y el 40%, según reconocen distintas cadenas.
A nivel general, la irregularidad en la cartera de préstamos a familias ya supera el 10%, casi triplicando el promedio regional. Factores como las altas tasas de interés, la inflación persistente y el creciente peso de las cuotas sobre los ingresos explican el deterioro en la capacidad de pago.
De acuerdo con datos de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, más de 2 millones de créditos ingresaron en situación de atraso durante el último año, mientras que uno de cada cuatro préstamos presenta algún tipo de irregularidad.
En este escenario, desde el Banco Central de la República Argentina se dispuso una reducción de encajes bancarios, con el objetivo de ampliar la liquidez y estimular el crédito. Sin embargo, especialistas como el economista Roberto Cachanosky advierten que el impacto sería limitado y plantean interrogantes sobre el destino de esos fondos, en un contexto de inflación en alza.
En paralelo, el Banco Nación lanzó nuevas líneas de financiamiento en cuotas sin interés para equipamiento del hogar, en un intento por reactivar la demanda.
Por otro lado, crecen las gestiones en el ámbito político para abordar la problemática del endeudamiento. El diputado Guillermo Michel impulsa un proyecto que propone otorgar créditos de hasta $1,5 millones a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, destinado a jubilados, trabajadores y beneficiarios de programas sociales. No obstante, la iniciativa enfrenta obstáculos tanto por su viabilidad política como por su compatibilidad con normativas vigentes.
En simultáneo, el sector privado advierte sobre otro fenómeno en expansión: el contrabando de productos importados. Según datos relevados por la industria, uno de cada tres celulares activados en el país no fue fabricado localmente ni ingresó por canales legales.
Desde la Unión Industrial Argentina señalaron que la reducción de la brecha cambiaria, si bien positiva en términos macroeconómicos, volvió a generar incentivos para el ingreso ilegal de mercadería. El fenómeno también impacta en otros rubros como calzado, neumáticos y alimentos.
Frente a este escenario, se analizan iniciativas legislativas para regular la comercialización en plataformas digitales y reforzar los controles en fronteras, aunque desde el sector empresarial consideran que las medidas aún resultan insuficientes.
Así, entre el freno del consumo, el incremento del endeudamiento y el avance del comercio ilegal, las empresas enfrentan un panorama desafiante que podría profundizarse en los próximos meses.
