El Gobierno nacional prepara una nueva avanzada desreguladora y esta vez puso la lupa sobre uno de los sectores más sensibles del mercado: el negocio inmobiliario. La propuesta, impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, apunta a modificar reglas históricas del corretaje, revisar la matrícula obligatoria, eliminar honorarios mínimos y habilitar con más fuerza el ingreso de plataformas digitales y nuevos jugadores tecnológicos.
La idea oficial es simple, pero explosiva: bajar costos, abrir la competencia y terminar —según la mirada del Ejecutivo— con barreras que encarecen las operaciones. En otras palabras, menos colegios profesionales, menos regulación arancelaria y más mercado.
El punto más caliente del debate pasa por la posibilidad de que cualquier persona pueda intervenir en operaciones inmobiliarias sin necesidad de título universitario ni matrícula profesional habilitante. Hoy, en gran parte del país, quienes ejercen como corredores o martilleros deben cumplir requisitos formales, contar con formación específica y estar inscriptos en colegios profesionales.
Para el Gobierno, ese esquema limita la competencia. Para buena parte del sector inmobiliario, en cambio, tocar esa estructura sin controles puede abrir una puerta peligrosa: más informalidad, más riesgo para compradores e inquilinos y menos seguridad jurídica.
Desde el ala favorable a la reforma sostienen que el sistema actual convirtió una actividad comercial en una suerte de profesión blindada. Jorge Amoreo Casotti, CEO de PINT, defendió la apertura y planteó que la confianza ya no depende necesariamente de “un número de matrícula detrás de un apellido”, sino de la trayectoria, la trazabilidad, la reputación digital y las buenas prácticas.
La mirada empresarial pro-desregulación apunta directo al bolsillo: comisiones, gastos administrativos, costos de comercialización y procesos burocráticos que terminan impactando sobre el precio final de las operaciones. Para ese sector, permitir el ingreso de más actores, plataformas Proptech y modelos digitales podría mejorar la eficiencia y presionar a la baja los costos.
Pero del otro lado advierten que una propiedad no es una simple publicación en internet. Diego Álvarez Espín, economista, abogado y fundador de Mercadoinmobiliario, marcó una posición intermedia: modernizar, sí; abrir sin estándares mínimos, no. Recordó que una operación inmobiliaria incluye análisis de títulos, documentación, aspectos impositivos, responsabilidades patrimoniales y consecuencias jurídicas.
La frase que resume esa preocupación es clara: más competencia no debería significar menos protección.
Más dura fue Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario porteño, quien defendió el rol de la matrícula y advirtió que eliminar controles puede derivar en errores, fraudes y malas prácticas. Para esa mirada, el problema no lo pagaría solamente el corredor matriculado, sino principalmente el ciudadano que compra, vende o alquila.
En paralelo, Alejandro Bennazar, de la Mesa de la Industria Inmobiliaria, planteó que el debate no debería reducirse a honorarios o matrículas. Según su análisis, los verdaderos nudos del mercado también están en la burocracia, las demoras administrativas, la falta de financiamiento y las trabas que ralentizan desarrollos durante años.
La discusión recién empieza, pero promete alto voltaje. El Gobierno busca avanzar en junio con un paquete de reformas que también incluiría cambios en farmacias y cabotaje. Sin embargo, el capítulo inmobiliario ya encendió todas las alarmas: para unos, es el fin de los privilegios; para otros, el comienzo de un mercado más riesgoso y sin resguardos suficientes.
Lo cierto es que, si la iniciativa prospera, el mapa inmobiliario argentino podría cambiar de raíz. La pregunta de fondo ya divide aguas: ¿se trata de liberar el mercado o de dejar sin filtro una actividad donde está en juego el patrimonio de miles de familias?
El temor del sector matriculado aparece porque la reforma tocaría el corazón de su esquema actual: título, matrícula, control profesional y honorarios regulados.
En concreto, temen por estos puntos:
- Pérdida del monopolio profesional
Si se elimina o flexibiliza la matrícula obligatoria, cualquier persona podría intermediar en ventas, compras o alquileres. Eso rompería el sistema actual donde solo corredores habilitados pueden ejercer formalmente. - Caída de honorarios
Al eliminar honorarios mínimos o referencias arancelarias, las comisiones quedarían más libradas a la competencia. Para muchos matriculados, eso podría derivar en una guerra de precios. - Ingreso fuerte de plataformas digitales
Las Proptech y nuevos operadores tecnológicos podrían ganar terreno con estructuras más livianas, menos costos fijos y procesos digitales. El corredor tradicional teme quedar desplazado. - Mayor informalidad
Los colegios sostienen que abrir la actividad sin controles puede generar intermediarios sin formación, operaciones mal hechas, documentación incompleta o asesoramiento deficiente. - Riesgo para la seguridad jurídica
Una operación inmobiliaria no es solo “mostrar una casa”. Incluye análisis de títulos, dominio, inhibiciones, impuestos, boletos, reservas, contratos, escribanía y responsabilidad patrimonial. El sector matriculado advierte que sin idoneidad mínima puede haber más fraudes o conflictos. - Pérdida de poder de los colegios profesionales
Si se debilita la matrícula obligatoria, también se debilita el rol de los colegios para fiscalizar, sancionar, ordenar honorarios y definir quién puede ejercer.
