Se trata de María Carla Dalmaroni, del Juzgado de Paz de Apóstoles, quien según las investigaciones judiciales habría mantenido contacto en varias oportunidades con el ex diputado puertista Germán Kiczka, cuando pesaba sobre el mismo una orden de captura internacional, acusado de estar implicado en la distribución y tenencia de material con abuso sexual infantil (MASI).
Las llamadas fueron detectadas luego del peritaje realizado al teléfono celular del encargado del camping de la localidad correntina de Loreto donde el ex legislador de Activar se recluyó para realizar lo que dijo a la Justicia y a los vecinos del predio correntino -una de los cuales, Julia, lo denunció ante las autoridaes locales-, un «retiro espiritual» pero que sin embargo utilizó el aparato móvil para hacer los llamados a la funcionaria judicial.
Kickza había manifestado a la Justicia que nunca estuvo enterado que sobre él había un pedido de detención en curso luego de que la Legislatura le quitara los fueros. Sin embargo, esta afirmación echaría por tierra tal explicación como argumento de defensa.
En la prosecución de las investigaciones para determinar los contactos de Germán Kiczka y su hermano Sebastián -ambos detenidos en el penal de Cerro Azul-, el juez de Instrucción Penal Nro 4, Miguel Ángel Faría, quiere saber en profundidad el papel que jugó la funcionaria del Juzgado de Paz apostoleño -sería pareja del abogado Gonzalo de Paula, abogado de los involucrados- en lo que parece ser un presunto encubrimiento al menos de uno de los hermanos, toda vez que estaba obligada a informar -como funcionaria judicial- sobre el paradero de quien estaba siendo intensamente buscado, tanto dentro como fuera del país.
Por lo pronto, el titular del Juzgado penal elevó un informe al Superior Tribunal de Justicia dando cuenta de la presunta participación de Dalmaroni en el marco de la búsqueda de los hermanos Kiczka.