La decisión judicial generó sorpresa, preocupación y un fuerte debate entre vecinos y organizaciones proteccionistas de Posadas. El Juzgado de Instrucción N.º 6 resolvió archivar la causa penal iniciada tras el ataque protagonizado por tres perros de raza pitbull que se escaparon de una vivienda y mataron a otro can en plena vía pública, además de disponer el inmediato reintegro de los animales a sus propietarios.
El hecho ocurrió el pasado 16 de junio en el barrio Itaembé Miní y provocó una profunda conmoción entre los vecinos de la zona. Según se informó en aquel momento, dos hembras y un macho lograron salir del domicilio donde se encontraban y atacaron violentamente a otro perro que estaba en las inmediaciones, causándole la muerte prácticamente en el acto.
La gravedad del episodio, sumada al temor de los residentes y al potencial riesgo para personas que circulaban por el lugar, motivó la intervención policial y el posterior traslado de los animales al Instituto Municipal de Vigilancia y Control de Población Animal (Imusa), donde permanecieron bajo custodia mientras avanzaba la investigación judicial.

Los propietarios del perro fallecido impulsaron la denuncia esperando una sanción ejemplificadora contra los dueños de los pitbulls por la falta de control y las consecuencias del ataque. Sin embargo, el expediente tomó un rumbo distinto al esperado por los denunciantes y por distintas asociaciones protectoras de animales que seguían de cerca el caso.
El eje de la resolución: la falta de tipificación penal

De acuerdo con la interpretación realizada por el magistrado, los hechos investigados no encuadran dentro de una figura prevista por el Código Penal que permita avanzar con una imputación criminal contra los propietarios de los animales.
En el oficio remitido al Imusa se dispuso desestimar la causa y proceder a su archivo, al considerar que el episodio “no constituye delito penal” en los términos previstos por la legislación vigente.

La resolución judicial sostiene que no existieron elementos que acrediten una conducta dolosa o culposa de los propietarios que configure una figura penal específica, motivo por el cual el proceso no podía continuar en sede criminal.
La decisión reabre además el debate sobre los alcances de la responsabilidad de los dueños de animales potencialmente peligrosos y sobre la existencia —o no— de herramientas legales suficientes para abordar este tipo de situaciones cuando el resultado es la muerte de otro animal y existe preocupación social por posibles riesgos futuros.

Mientras tanto, la orden judicial establece el regreso de los tres pitbulls a sus propietarios, una medida que volvió a generar inquietud entre vecinos de Itaembé Miní y sectores vinculados a la protección animal, que reclaman revisar el marco normativo vigente para casos similares.





