El Gobierno de Misiones dispuso avanzar sobre dos procesos administrativos que llevan años abiertos: la liquidación del ex Banco de la Provincia de Misiones Sociedad de Economía Mixta y del Instituto Provincial del Seguro de Misiones.
La decisión quedó formalizada a través del Decreto Nº 1185, publicado en el Boletín Oficial Nº 16625, con fecha del 1 de julio de 2026. La norma instruye a los interventores liquidadores de ambos organismos a presentar, en un plazo de 90 días, propuestas concretas para resolver pleitos y juicios pendientes, con el objetivo de encaminar la conclusión definitiva de esas liquidaciones.
Una medida para ordenar procesos pendientes
En los considerandos, el Ejecutivo provincial sostiene que resulta necesario adoptar medidas de organización dentro de la Administración Pública, orientadas a una mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado. También menciona que la legislación vigente faculta al Poder Ejecutivo a disponer medidas que aseguren eficiencia y productividad en el sector público.
El punto central del decreto es que los procesos de liquidación del Banco Provincia de Misiones y del Instituto Provincial del Seguro “se han extendido a lo largo de los años”, por lo que el Gobierno considera oportuno tomar medidas para intentar su cierre definitivo.
Plazo de 90 días para presentar propuestas
La instrucción alcanza directamente al interventor liquidador del Banco Provincia de Misiones S.E.M. en Liquidación y al interventor liquidador del Instituto Provincial del Seguro de Misiones en Liquidación. Ambos deberán elevar al Gobernador propuestas de solución vinculadas con causas judiciales, pleitos o juicios que todavía permanezcan abiertos.
El decreto lleva la firma del gobernador Hugo Passalacqua y fue refrendado por el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán.
El trasfondo: cerrar expedientes que arrastran costos y litigios
La medida apunta a una cuestión sensible para la administración pública: los organismos liquidados o en proceso de liquidación pueden seguir generando trámites, litigios, gastos administrativos y obligaciones pendientes durante años. Por eso, el Decreto 1185 no ordena directamente el cierre inmediato, sino que exige una hoja de ruta: identificar los pleitos pendientes y proponer salidas legales para terminar esos procesos.
En términos políticos y administrativos, el mensaje es claro: el Gobierno provincial busca poner bajo revisión expedientes históricos que permanecen abiertos y que, según el propio texto oficial, requieren una definición para mejorar la eficiencia del Estado.
