La economía argentina muestra señales de desaceleración de la inflación y mejora en algunos indicadores macroeconómicos. Sin embargo, detrás de esos números aparece una realidad que genera fuerte debate: desde la asunción de Javier Milei, 26.448 empresas dejaron de existir, y el 98% de ellas eran pymes.
La cifra reavivó la discusión sobre el costo de las políticas económicas aplicadas durante el último año y medio. Mientras el Gobierno sostiene que el ordenamiento de la economía era indispensable para dejar atrás años de crisis, empresarios y sectores productivos advierten que miles de pequeños negocios no lograron sobrevivir al ajuste.
Los datos muestran que las principales afectadas fueron las firmas más chicas. De hecho, siete de cada diez empresas que cerraron tenían apenas uno o dos empleados, lo que expone la fragilidad de los emprendimientos familiares y de los pequeños comercios frente a un escenario de caída del consumo y aumento de costos.
La situación genera preocupación porque las pymes representan una parte clave del empleo formal en Argentina. Cada persiana que baja implica no solo una empresa menos, sino también puestos de trabajo perdidos y menor actividad económica en las ciudades y barrios donde operaban.
Desde sectores empresariales cuestionan la combinación de apertura de importaciones, baja competitividad para la producción local y un mercado interno que todavía no logra recuperarse plenamente. En contrapartida, el oficialismo sostiene que el cierre de empresas es parte de un proceso de reacomodamiento económico tras años de distorsiones y que los beneficios de la estabilidad llegarán con el tiempo.
El contraste es contundente: mientras algunos indicadores muestran una economía que comienza a estabilizarse, miles de pequeñas empresas desaparecieron del mapa productivo. La pregunta que surge es inevitable: ¿la recuperación económica está llegando a todos o solo a algunos sectores?
(Fuente: Ámbito)
