La Agencia Tributaria Misiones puso en marcha el régimen operativo que suspende el pago a cuenta de Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal en ruta. La medida comenzará a regir el 1 de julio de 2026 y tendrá una vigencia inicial de 12 meses.
La Provincia avanzó con la reglamentación de una medida esperada por sectores productivos, comerciales y de transporte: la suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal ubicados en ruta.
A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la Agencia Tributaria Misiones estableció cómo funcionará el nuevo esquema operativo, anunciado oportunamente por el gobernador Hugo Passalacqua. El objetivo central es ordenar el sistema, reducir cargas administrativas y llevar mayor previsibilidad a los contribuyentes que realizan operaciones comerciales con circulación de mercaderías.
Según lo dispuesto, la ATM confeccionará un padrón de contribuyentes alcanzados por la suspensión y notificará cada situación a través del domicilio fiscal electrónico. Esto permitirá identificar de manera formal quiénes quedarán exceptuados del pago a cuenta en los controles de ruta y bajo qué condiciones deberán operar.
Uno de los puntos clave del nuevo régimen es la creación del Formulario SR-341 Informativo, que deberá generarse antes de pasar por los puestos de control fiscal. Ese formulario tendrá que estar acompañado por la documentación respaldatoria de las operaciones y de las mercaderías transportadas.
La medida impactará principalmente en pequeños y medianos contribuyentes. De acuerdo con los datos difundidos, unos 16.500 contribuyentes quedarán excluidos de oficio sobre un total de 17.300 registrados. En tanto, alrededor de 873 grandes empresas continuarán alcanzadas por un esquema global, digital, mensual y simplificado.
Con esta reglamentación, Misiones busca modificar el modo en que se venía aplicando el control fiscal en ruta, diferenciando entre pequeños y medianos operadores y grandes contribuyentes. La decisión apunta a sostener la capacidad de fiscalización del Estado provincial, pero con un mecanismo más ordenado y menos gravoso para quienes integran los sectores de menor escala.
El régimen comenzará a regir desde el 1 de julio de 2026 y tendrá una vigencia inicial de 12 meses, período durante el cual se evaluará su funcionamiento operativo y el impacto sobre la actividad económica provincial.
