La evolución del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva serie de medidas judiciales que buscan reconstruir con precisión sus declaraciones juradas y movimientos financieros en los últimos años. El expediente avanza con pedidos de información a distintos organismos del Estado y un especial interés en el universo de las criptomonedas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó profundizar la investigación patrimonial mediante requerimientos a organismos como la ex AFIP (actual ARCA) y la ANSES. El objetivo es cruzar datos sobre ingresos, bienes declarados y evolución financiera para determinar si existe coherencia en los registros oficiales.
Uno de los puntos centrales del expediente es la presunta participación de Adorni en inversiones vinculadas a Bitcoin, lo que abrió una línea de análisis sobre la evolución del activo digital en el período investigado. La Justicia busca determinar si la volatilidad del mercado cripto explica parte del crecimiento patrimonial declarado.
En ese marco, los investigadores analizan el comportamiento del mercado de la criptomoneda y su comparación con las declaraciones juradas del funcionario. La hipótesis principal es verificar la trazabilidad de los fondos y su respaldo en plataformas digitales o billeteras virtuales.
Además del foco en Bitcoin, la causa abarca el análisis integral de los bienes declarados, ingresos y activos financieros, con el objetivo de establecer si existe correspondencia entre el patrimonio informado y la capacidad económica real del funcionario a lo largo del tiempo.
Las medidas judiciales incluyen pedidos de informes a exchanges y billeteras virtuales, con el fin de rastrear posibles operaciones dentro del ecosistema cripto. Estos cruces de datos forman parte de investigaciones patrimoniales de alta complejidad.
Por el momento no hay conclusiones oficiales y la investigación continúa en etapa de recolección de información. Fuentes judiciales remarcan que se trata de un proceso técnico de verificación de datos, sin imputaciones formales en esta instancia.
El expediente suma así un nuevo capítulo en el seguimiento del patrimonio público, con especial atención en el crecimiento de los activos digitales y su impacto en las declaraciones juradas del Estado.
(Fuente: Ámbito)
