(Eldorado, Misiones). Una grave denuncia sacude a la Justicia penal de Misiones y a organismos vinculados al control de fauna silvestre. La Fundación Dante Piesco, responsable del Centro de Rescate OHANA, cuestionó el accionar del Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado luego de que se rechazara su constitución como parte querellante en una causa por presunta comercialización ilegal de animales silvestres.
El expediente N° 13933/2026 investiga la venta de tortugas terrestres y loros en el local “Agro Oeste”, en Eldorado. Según la denuncia presentada por la Fundación, el pasado 13 de mayo se habría constatado en flagrancia la presencia de fauna silvestre ofrecida ilegalmente a la venta, luego de una simulación de compra realizada para verificar la existencia de los animales.
De acuerdo con la entidad proteccionista, en esa instancia previa al procedimiento policial se habría registrado la presencia de ejemplares de Chelonoidis carbonaria y Chelonoidis chilensis, situación que, afirmaron, fue documentada mediante material audiovisual aportado al expediente.
Sin embargo, el punto más grave de la denuncia apunta a lo ocurrido durante el procedimiento llevado adelante por personal de la Unidad Regional de Delitos Rurales. La Fundación sostiene que se habría producido una ruptura de la cadena de custodia: el ejemplar de Chelonoidis carbonaria habría desaparecido y, en su lugar, luego habrían aparecido dos ejemplares de Chelonoidis chilensis.
Para la organización, no se trataría de una simple confusión administrativa o taxonómica, sino de una alteración sustancial de la evidencia viva. La diferencia entre ambas especies, señalaron, podría tener implicancias legales y ambientales relevantes, especialmente porque la Chelonoidis carbonaria se encuentra protegida por normativa nacional e internacional y su presencia puede estar asociada a circuitos de tráfico interjurisdiccional e internacional de fauna silvestre.
“La desaparición de una Chelonoidis carbonaria para que aparezcan posteriormente dos Chelonoidis chilensis no puede ser interpretada como un simple error administrativo. Existe una diferencia biológica evidente entre ambas especies y la carbonaria posee implicancias legales y ambientales mucho más complejas por su relación con circuitos de tráfico y comercio ilegal”, advirtieron desde la institución.
La polémica escaló cuando la Fundación Dante Piesco se presentó ante el Juzgado para solicitar medidas urgentes, entre ellas allanamientos y resguardo de la fauna, pero el planteo fue rechazado in limine. Según la entidad, la resolución se apoyó en formalismos que, en la práctica, exigirían a una ONG demostrar una suerte de “título de propiedad” sobre animales silvestres para poder intervenir como parte querellante.
La abogada especialista en Derecho Animal y representante de la Fundación, Dra. Micaela Mariel Pereira, cuestionó con dureza la decisión judicial y planteó que existe una “grave colisión de competencias” entre la esfera administrativa y la penal.
“Esto no es producto del azar. Responde a una grave colisión de competencias entre la esfera administrativa y la penal que demora los allanamientos y permite que los infractores oculten o eliminen prueba vital. Nos excluyen del expediente mediante un decreto carente de fundamentos jurídicos precisamente después de poner en conocimiento del juzgado que la propia fuerza de seguridad alteró evidencia viva”, expresó la letrada.
Pereira también cuestionó el criterio utilizado para excluir a la Fundación del expediente. “Exigirle a una ONG protectora un ‘título de propiedad’ sobre especies de la selva misionera para permitirle querellar es operar con una matriz civilista arcaica. Constituye un exceso ritual manifiesto que solo sirve para garantizar impunidad tanto al traficante como a quienes eventualmente pudieron facilitar la desaparición de prueba clave”, sostuvo.
La defensa ya interpuso un Recurso de Apelación y solicitó la nulidad absoluta de la resolución que dejó afuera a la Fundación. El planteo se apoya, según indicaron, en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en precedentes penales que reconocen a la fauna silvestre como bien de dominio público y a las asociaciones civiles como representantes legítimas del interés colectivo en la protección animal y ambiental.
El caso abre un debate sensible en Misiones: el rol de las organizaciones protectoras en causas penales por tráfico de fauna, la necesidad de preservar la cadena de custodia de animales vivos y la responsabilidad institucional cuando una prueba clave desaparece durante un procedimiento.
Desde la Fundación Dante Piesco adelantaron que insistirán con su participación en el expediente y remarcaron que no permitirán que la tierra colorada se convierta “en una zona de sacrificio ético ni en un refugio de impunidad”.
