El conflicto por los pasajes gratuitos en micros de larga distancia volvió a quedar en el centro de la escena nacional tras un duro comunicado de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), que denunció una deuda estatal que ya supera los $27.000 millones y advirtió sobre las consecuencias de una reciente medida oficial que eliminó las compensaciones económicas al sector. La polémica involucra directamente al traslado gratuito de personas con discapacidad, pacientes trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos, un sistema que las empresas aseguran sostienen desde hace décadas y que ahora quedó atrapado en una fuerte disputa judicial con el Estado nacional.
Según explicó la entidad empresaria, históricamente las compañías de larga distancia otorgaban estos pasajes gratuitos dentro de un esquema donde el Estado reconocía parcialmente el costo mediante compensaciones económicas, ya que el transporte era considerado un “servicio público”. Sin embargo, el escenario cambió en diciembre de 2024, cuando el Gobierno nacional desreguló el sector a través del Decreto 883/24. Con esa decisión, las empresas dejaron de ser consideradas prestadoras de servicio público y perdieron parte de los derechos y beneficios asociados a esa categoría.
Pese a la desregulación, las compañías sostienen que el Estado continuó exigiendo la entrega de boletos gratuitos, aunque dejó de pagar las compensaciones correspondientes. De acuerdo al comunicado, las empresas entregan más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año, mientras los pagos oficiales quedaron interrumpidos desde noviembre de 2024. Ante esta situación, el conflicto avanzó en la Justicia Federal.
Celadi recordó que fue el propio Estado, a través de la CNRT, quien acudió a la Justicia para exigir que las empresas continuaran otorgando los boletos gratuitos. Sin embargo, tanto el Juzgado Federal como la Cámara de Apelaciones resolvieron que las compañías debían seguir cumpliendo cautelarmente con la entrega de pasajes, pero que el Estado también tenía que mantener las compensaciones económicas mientras se resolvía el fondo de la cuestión. Según remarcaron desde el sector empresario, el Gobierno no cumplió con esa obligación.
El comunicado señala además que el 18 de mayo de 2026 el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por más de $8.753 millones, correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Además, intimó al Ministerio de Economía a pagar esa suma en un plazo de diez días bajo apercibimiento de multas judiciales. Celadi aseguró que esa cifra representa solamente una parte de la deuda total acumulada, ya que los períodos posteriores continúan siendo relevados en la misma causa judicial.
En medio de ese escenario, el Gobierno publicó la Resolución 28/2026, que elimina el régimen de compensaciones. El texto oficial sostiene que los derechos de las personas con discapacidad y demás beneficiarios seguirán vigentes y que las empresas deberán continuar entregando los pasajes gratuitos. Para Celadi, justamente ese es el punto central del conflicto judicial: determinar si en un mercado desregulado el costo de esa obligación puede recaer íntegramente sobre empresas privadas sin compensación estatal.
Finalmente, las empresas remarcaron que no cuestionan el derecho al transporte gratuito de las personas beneficiarias, sino la “inconsistencia” de haber eliminado el carácter de servicio público del sector mientras se mantienen obligaciones propias de ese esquema. En ese contexto, sostuvieron que el debate deberá ser resuelto por la Justicia y advirtieron sobre la compleja situación económica que atraviesa el sistema de transporte de larga distancia en todo el país.
