En el segmento Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad, conducido por Sonia Weisheim, la abogada Julieta González explicó cómo funciona la Red Argentina de Fiscales Ambientales, un espacio que reúne fiscales y profesionales del derecho ambiental de distintas provincias para intervenir en conflictos vinculados a contaminación, daño ecológico, derrames, falta de agua potable y problemas de saneamiento. Durante la entrevista también se abordaron temas vinculados a la judicialización de conflictos ambientales, la responsabilidad de las empresas frente a los estudios de impacto ambiental, la necesidad de fiscalías especializadas y el avance de mecanismos de justicia restaurativa que buscan evitar que la sanción penal sea la primera respuesta del Estado.
Al iniciar la entrevista, Sonia Weisheim preguntó cómo nació la red y cuál era el objetivo de reunir fiscales ambientales de todo el país. González explicó que la organización comenzó a consolidarse en Neuquén a partir de encuentros entre especialistas que trabajaban problemáticas similares en distintas provincias. “La red argentina de fiscales ambientales nace de alguna manera en Villa La Angostura, en un congreso que organizamos junto con el doctor Maximiliano Breide”, señaló. Además, explicó que actualmente participan fiscales y miembros de ministerios públicos de Buenos Aires, Salta, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Chubut.
Uno de los temas centrales de la entrevista fue el Protocolo de Articulación para la Gestión Restaurativa de Conflictos Ambientales. Weisheim consultó cuál era el objetivo de “protocolizar” las actuaciones ambientales y por qué el enfoque se centra en una función restaurativa. En respuesta, González indicó que la intención es resolver conflictos antes de llegar a instancias penales más complejas. “Vemos a la imposición de una pena como el último recurso”, afirmó, y explicó que muchas situaciones ambientales requieren soluciones progresivas y acuerdos entre distintos actores sociales.
Durante la charla, la conductora puso como ejemplo casos de derrames accidentales o conflictos vinculados a empresas que generan empleo y donde el cierre inmediato podría impactar también en trabajadores y comunidades. Frente a esto, González explicó que existen problemáticas ambientales que no pueden resolverse “de un día para el otro” y que requieren intervención coordinada del Estado. “Hay diversas situaciones que necesitan muchísimos recursos y tiempo para encontrar una solución”, sostuvo.
En ese contexto, la entrevistada detalló que el protocolo propone instancias de diálogo, mediación y participación comunitaria para avanzar en soluciones vinculadas a basurales a cielo abierto, contaminación, acceso al agua potable, saneamiento y remediación ambiental. Según explicó, el trabajo se realiza junto a oficinas especializadas en mediación y conciliación penal del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. “Podemos discutir cómo y en qué plazos se hace la remediación, pero lo que nunca se va a poder discutir es que esa remediación no se haga”, remarcó.
Otro de los puntos más debatidos fue el rol de los estudios de impacto ambiental. Sonia Weisheim preguntó si para la fiscalía esos estudios son realmente vinculantes o si terminan siendo solo un requisito administrativo. González respondió que el estudio funciona como una guía de buenas prácticas que debe cumplir cada empresa. “Muchas veces nos ha sucedido que empresas que terminan generando un conflicto es porque justamente no se adecuan a su propio plan”, explicó.
La entrevista también abordó la situación de Misiones y la falta de una Fiscalía Ambiental plenamente operativa. Weisheim señaló que existen avances legislativos, aunque todavía no se concretó la puesta en funcionamiento total del organismo especializado. En ese sentido, González destacó la importancia de contar con equipos interdisciplinarios integrados por abogados, profesionales de ciencias ambientales y especialistas técnicos para evaluar conflictos complejos y reducir tiempos judiciales.
Finalmente, ambas coincidieron en el crecimiento que tuvo el derecho ambiental en Argentina y en la necesidad de ampliar los espacios de formación y articulación federal. Durante el cierre se mencionó el próximo Congreso de Derecho Ambiental que se realizará en la Universidad de Buenos Aires, donde participarán fiscales, especialistas y representantes de distintos países para debatir sobre legislación ambiental, control de actividades productivas y mecanismos de prevención del daño ecológico.
