Redacción C6Digital
En el marco de la reunión informativa de la Comisión de Diputados sobre la realidad de las pymes, una de las exposiciones más impactantes fue la de Antonio Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, quien llevó al centro del debate una problemática que golpea de lleno a miles de comercios del interior: la presión de la ilegalidad en las zonas de frontera. Su planteo dejó una advertencia concreta, dura y sin rodeos: para muchas pequeñas y medianas empresas, competir en estas condiciones se volvió casi imposible.
Hryniewicz eligió comenzar con una escena real que sintetiza el drama de muchas ciudades fronterizas. Relató que, mientras se preparaba para viajar a Buenos Aires, recibió un llamado desde Clorinda con una frase que encendió todas las alarmas: las vidrieras de los comercios “se van al Paraguay”. Desde allí construyó una radiografía preocupante, al afirmar que ese escenario no es aislado, sino que se repite en distintas localidades del país donde el comercio formal convive en desventaja con circuitos informales e ilegales.
Durante su intervención, sostuvo que la Argentina arrastra una deuda estructural: no tiene una ley de comercio de fronteras. Para el dirigente empresario, esa ausencia normativa deja a las pymes expuestas en territorios donde las asimetrías con países vecinos impactan todos los días sobre las ventas, la competitividad y la supervivencia misma del comercio legal. En ese punto, remarcó que muchos de los problemas fiscales, laborales y comerciales que afectan a las pymes podrían empezar a corregirse si existiera una política específica para las zonas limítrofes.
Otro de los tramos más fuertes de su exposición estuvo vinculado a los controles. Hryniewicz cuestionó que se haya dejado atrás una herramienta previa bajo el argumento de reemplazarla por mecanismos tecnológicos, y advirtió que la tecnología por sí sola no alcanza. Según expresó, la inteligencia artificial o los sistemas automáticos no sustituyen la capacidad humana para detectar maniobras, intencionalidades y métodos cada vez más sofisticados que alimentan la ilegalidad en las fronteras.
Para reforzar la gravedad del fenómeno, puso sobre la mesa una cifra que resonó con fuerza en la comisión: afirmó que, frente a un PBI argentino de alrededor de 635 mil millones de dólares, el comercio ilegal e informal habría alcanzado los 350 mil millones en 2024. Desde su mirada, no se trata de un problema secundario ni marginal, sino de un componente de enorme peso dentro de la economía argentina, con efectos directos sobre la recaudación, el empleo formal y la continuidad de miles de pymes que sí cumplen con sus obligaciones.
La definición más contundente llegó cuando calificó a la ilegalidad como “un cáncer” y advirtió que hoy ya está en etapa de “metástasis”. La frase, lejos de ser apenas un recurso discursivo, resumió el tono de todo su mensaje: la sensación de que el avance del comercio ilegal no solo perjudica a las empresas formales, sino que amenaza con deteriorar de manera profunda el entramado económico y social de las ciudades de frontera.
En ese sentido, Hryniewicz planteó que el debate excede por completo a un reclamo sectorial. Cada pyme que baja la persiana en una localidad fronteriza arrastra consecuencias más amplias: menos empleo, menos movimiento económico, menos recaudación y más fragilidad social. Por eso insistió en que abordar la ilegalidad no debería ser apenas una consigna, sino una verdadera política de Estado capaz de sostener a las economías regionales y evitar que más comerciantes queden fuera del sistema.
La exposición del referente de CAME dejó así uno de los mensajes más directos de la jornada: las pymes del interior, y especialmente las de frontera, no solo enfrentan impuestos, costos o caída del consumo. También luchan todos los días contra una competencia desigual, muchas veces naturalizada, que erosiona su rentabilidad y pone en riesgo su continuidad. En Diputados, Hryniewicz pidió que ese problema deje de ser mirado como una postal local y pase a ocupar un lugar central en la agenda legislativa nacional.
