(Redacción C6Digital). El deterioro de las rutas nacionales ya dejó de ser apenas una postal del abandono para convertirse en una de las expresiones más visibles y dolorosas de la crisis de gestión en la Argentina. Pozos, banquinas destruidas, señalización deficiente y tramos enteros en estado crítico forman parte de un escenario que, según denuncian legisladores e intendentes, no sólo afecta la competitividad económica del país, sino que además se cobra víctimas en cada región.
En ese contexto, un grupo de veinte diputados peronistas puso cifra al reclamo: $1.165.491 millones. Ese es el monto que, según el trabajo legislativo citado, habría retenido de manera ilegal el Ministerio de Economía de la Nación de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, dinero que por ley debía destinarse en un 28,58% al Sistema Vial Integrado (Sisvial) para el mantenimiento y mejora de las rutas del país.
La denuncia apunta directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusan de no transferir los recursos que la ley 23.966 establece para infraestructura vial. La magnitud de la cifra no pasa inadvertida: según los diputados, se trata de una fortuna que permitiría encarar con holgura obras de reparación sobre gran parte de la red vial nacional hoy deteriorada.
Al ministro de Economía, Luis Caputo acusan de no transferir los recursos que la ley 23.966 establece para infraestructura vial.

El informe también expone otro dato sensible: el fuerte crecimiento de la recaudación del Impuesto a los Combustibles desde la asunción de Javier Milei. Según los números difundidos, entre 2023 y 2024 la recaudación creció un 378%, y de ese total debieron haberse girado $354.835 millones netos al sistema vial. En 2025, siempre de acuerdo al relevamiento legislativo, el tributo volvió a aumentar, esta vez un 92%, y allí la retención habría alcanzado $688.126 millones. A eso se suman los $122.530 millones de los dos primeros meses de 2026, que también debían ser distribuidos según la normativa vigente.
Impuesto a los Combustibles: desde la asunción de Javier Milei, según los números difundidos, entre 2023 y 2024 la recaudación creció un 378%, y de ese total debieron haberse girado $354.835 millones netos al sistema vial

La lectura política que hacen desde la oposición es contundente: aseguran que parte del superávit fiscal que exhibe el Gobierno nacional se apoya, en realidad, sobre el incumplimiento de obligaciones legales del Estado. En esa línea, vinculan esta situación con otras deudas flotantes y compromisos impagos, como los fondos adeudados a proveedores del PAMI, y sostienen que tarde o temprano esa cuenta pendiente terminará por desarmar el relato oficial del equilibrio fiscal.
Pero la discusión no queda en el plano técnico o parlamentario. En el interior del país, el impacto se vive a diario. El diputado entrerriano Guillermo Michel, uno de los firmantes del trabajo, advirtió que la situación de las rutas “no se sostiene más” y recordó que desde el Congreso ya se impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas concretas. Entre Ríos, precisamente, figura entre las provincias más golpeadas por el deterioro de los corredores nacionales.
En el interior del país, el impacto se vive a diario

La preocupación también escala entre los intendentes, que son quienes reciben de primera mano el reclamo de vecinos, transportistas y productores. “Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas”, graficó Michel al describir el peso que recae sobre los municipios frente a un problema cuya responsabilidad central corresponde a Nación.
.“Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas”
Por eso, jefes comunales de distintas localidades tenían previsto reunirse en Buenos Aires para coordinar una estrategia común de reclamo frente al Gobierno nacional. El malestar, además, ya se extiende a las provincias, donde no descartan una cumbre de gobernadores para discutir no sólo el drama de las rutas, sino también la caída de la coparticipación y la disputa por el reparto de partidas federales en medio de la recesión.
El malestar ya se extiende a las provincias, donde no descartan una cumbre de gobernadores para discutir no sólo el drama de las rutas, sino también la caída de la coparticipación
El trasfondo de este conflicto no se agota en la infraestructura. También pone sobre la mesa una discusión de fondo sobre el uso de los recursos públicos. Según el trabajo de los diputados, en una práctica que atribuyen a la gestión de Caputo, cientos de miles de millones de pesos de este fondo habrían sido desviados a colocaciones financieras, mientras las rutas nacionales profundizan su deterioro.
El resultado está a la vista: caminos destruidos, señales ilegibles, banquinas cubiertas de pastizales y una red vial que dejó de ser una herramienta para el desarrollo para transformarse en una amenaza cotidiana. En un país extenso, productivo y dependiente del transporte terrestre, el abandono de las rutas no sólo frena la economía. También multiplica riesgos, encarece costos y expone vidas.
En un país extenso, productivo y dependiente del transporte terrestre, el abandono de las rutas no sólo frena la economía.
La pelea por esos fondos promete ahora escalar del terreno político al judicial. Y mientras se multiplican los reclamos de intendentes, legisladores y provincias, en las rutas argentinas el deterioro sigue avanzando mucho más rápido que las respuestas.




