En medio de una fuerte caída de la recaudación y crecientes tensiones con los gobernadores, el Gobierno nacional habilitó anticipos por hasta $400.000 millones para Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. La medida, oficializada mediante el decreto 219/2026, busca sostener financieramente a los distritos, pero también reabre el debate sobre el uso de recursos como herramienta de negociación política.
Los fondos serán otorgados como adelantos de coparticipación y deberán devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa de interés del 15% anual. La Secretaría de Hacienda definirá cuánto recibirá cada provincia según su capacidad de repago, mientras que la devolución se garantizará mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables.
El esquema impone condiciones estrictas: las provincias deberán autorizar descuentos directos de sus ingresos hasta saldar la deuda, lo que limita su margen de maniobra en un contexto de cuentas cada vez más ajustadas. A su vez, el Gobierno podrá negociar de manera individual los plazos y modalidades de reintegro, consolidando un mecanismo que combina asistencia financiera con control fiscal.
La decisión llega en un escenario crítico, con varios meses de caída en los ingresos y una presión creciente por aumentos salariales. Desde las provincias advierten que la situación es “dramática”, mientras crece la tensión por la dependencia de fondos nacionales, en un contexto donde la ayuda económica y la necesidad de respaldo político vuelven a quedar estrechamente entrelazadas.
