El Gobierno nacional puso fin a un componente clave del salario de los empleados públicos y desató un nuevo foco de conflicto con los gremios estatales. Tras el vencimiento de la última prórroga del denominado “Premio Estímulo a la Asistencia”, el Ejecutivo decidió no renovar el beneficio, lo que implica una reducción directa en los haberes correspondientes a febrero —que se cobran en marzo— para miles de trabajadores de la Administración Pública Nacional.
La medida impacta de lleno en el personal encuadrado en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que abarca a trabajadores de Casa Rosada, ministerios nacionales, organismos descentralizados y distintas dependencias de la Administración Central. El adicional por presentismo representaba, en muchos casos, hasta un 10% del salario de bolsillo, especialmente en los escalafones más bajos.
En términos concretos, según estimaciones oficiales, la quita podría significar una merma promedio de hasta 150.000 pesos en el recibo mensual, dependiendo de la categoría y la antigüedad de cada agente. En un contexto de alta inflación y pérdida sostenida del poder adquisitivo, la eliminación del plus se traduce en un fuerte golpe al ingreso real de los estatales.
El “Premio Estímulo” había sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025, pero su continuidad no fue rediscutida en las negociaciones paritarias de este año. Al caer la prórroga sin una nueva resolución que extendiera su vigencia, el concepto quedó automáticamente fuera de la estructura salarial, generando malestar en amplios sectores de la planta estatal.
Desde los gremios, la reacción fue inmediata. Dirigentes sindicales sostienen que el presentismo ya formaba parte del salario habitual y permanente, por lo que su eliminación unilateral constituye un incumplimiento de acuerdos previos. Además, advierten que la quita neutraliza buena parte de las actualizaciones obtenidas en las últimas paritarias.
En ese marco, ATE Capital calificó la decisión como “arbitraria e ilegal” y envió una notificación formal al Gobierno para que se abstenga de suprimir el suplemento. El sindicato argumenta que el presentismo tiene carácter alimentario y está protegido por la normativa laboral vigente, por lo que no puede ser eliminado sin acuerdo entre las partes.
Mientras tanto, crece la tensión en el sector público. Desde el gremio no descartan avanzar con medidas de fuerza, incluyendo paros y movilizaciones, si no hay una rectificación oficial. El conflicto se suma a un escenario de reclamos por topes salariales y despidos en distintas áreas del Estado, configurando un clima de creciente confrontación entre el Ejecutivo y los trabajadores estatales.
