En el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador nacional Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal) expuso su postura respecto al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Si bien manifestó expectativa ante la posibilidad de contar con un nuevo régimen penal juvenil, subrayó que cualquier avance legislativo debe estar acompañado de financiamiento nacional que permita a las provincias sostener la implementación.
Herrera Ahuad destacó que el tema no responde a cuestiones ideológicas, sino a una problemática real que atraviesa a la Argentina y a otros países. Recordó que en Brasil, tanto gobiernos de izquierda como de derecha han mantenido sin cambios la edad de imputabilidad, y señaló que Chile también discute actualmente el tema. “Me llena de expectativa una ley de estas características, no por la cuestión de la cárcel o la punibilidad de un menor, sino porque veía en este proyecto una gran posibilidad de abordar una problemática de manera seria e igualitaria”, expresó.
El diputado advirtió que muchas veces el debate público se centra en casos aislados de gran repercusión mediática, cuando en realidad los delitos cometidos por menores son cotidianos en todas las provincias. En ese sentido, valoró que el proyecto contemple la creación de equipos multidisciplinarios para atender situaciones vinculadas a la juventud, como las adicciones, la falta de contención familiar o la necesidad de delinquir para acceder a drogas.
“No es que uno quiere que ese chico vaya preso, quiere que sea atendido”, señaló, al destacar la importancia de un abordaje integral.
Sin embargo, puso el foco en el aspecto económico:
“No se puede tener un equipo multidisciplinario capacitado sin asignación de presupuesto. Este proyecto de ley lleva a un gasto social muy alto para las provincias, más allá de la infraestructura inicial”. Explicó que un dispositivo de este tipo requiere entre 50 y 60 profesionales, lo que implica un costo elevado y sostenido en el tiempo.
Herrera Ahuad también cuestionó la contradicción entre las exigencias que se imponen a las provincias y la falta de recursos que se les asigna:
“Por un lado se habla de déficit fiscal y de reducir costos, y por otro se les pide a las provincias que hagan esto. ¿De dónde sacan el dinero? Hoy ya se encargan de la salud, de la educación pública, de la seguridad y de la obra pública, con una participación cada vez más baja”.
Por ello, desde su espacio político propuso que la ley incluya una asignación presupuestaria específica y taxativa, destinada exclusivamente a que las provincias puedan llevar adelante el programa. “No quiero que esto se convierta en una moneda de cambio para cuestiones políticas. Debe ser claro, concreto y destinado a garantizar que todas las provincias puedan implementar el régimen de manera equitativa”, concluyó.
