El ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, se refirió a la delicada situación que enfrentan los sectores tabacalero y yerbatero en la provincia, marcada por conflictos de precios, protestas de productores y un escenario de incertidumbre que golpea a miles de familias rurales.
López Sartori explicó que un grupo de productores mantiene bloqueado el ingreso y egreso de camiones en la Cooperativa Agroindusrial Limitada de Misiones (CTM), en Leandro N. Alem, en rechazo al precio pactado entre las tres asociaciones, cooperativas e industria.
El acuerdo fijó un incremento del 30–31%, por encima de la inflación del NEA, y según el ministro representa uno de los valores más altos en dólares de la historia de Misiones.
“Entendemos que el productor siempre quiere cobrar más y creemos que se lo merece, pero también es un mercado internacional que regula los precios”, señaló.
Yerba mate: precios en caída y paralización de cosecha
El ministro expresó una “preocupación profunda” por la crisis yerbatera, comparándola con la década del ’90. Recordó que el valor de la hoja verde cayó entre un 60 y 70%, pasando de 0,52 dólares a 0,20–0,22, lo que deja a 12.500 familias sin capacidad de cubrir sus costos.
“Ya conocemos la historia, ya creamos una ley en 2001 para evitar este escenario. Hoy pedimos al Gobierno nacional que ordene el mercado y garantice un precio justo para los productores”, remarcó.
Actualmente rige un cese de cosecha, impulsado por asociaciones y productores que reclaman medidas urgentes. López Sartori advirtió que, al tratarse de un mercado privado, cada productor decide si vender o no, lo que complica aún más la situación.
Migración laboral a Brasil
El ministro también alertó sobre la creciente emigración de trabajadores rurales hacia Brasil, en busca de mejores salarios. Señaló que se están realizando gestiones con la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez, y su par de Río Grande do Sul para abordar el fenómeno, que afecta no solo a Misiones sino a toda la zona fronteriza.
Mientras los productores reclaman precios justos y condiciones de sostenibilidad, el Gobierno provincial insiste en la necesidad de una regulación nacional que evite repetir los errores del pasado.
