En el programa Cadena de Noticias (C6Digital), la abogada Ana Sol Benítez, miembro de la Asociación Misionera de Abogados de Derecho Administrativo, expuso un análisis detallado sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso. Planteó tres ideas clave: la crítica a las reformas anteriores como “parches” que perjudicaron al trabajador, el objetivo de la reforma actual de dar mayor formalidad jurídica y reducir el trabajo en negro y por último la necesidad de un equilibrio real entre los distintos actores del sistema laboral.
Benítez subrayó que para comprender la iniciativa es necesario situarla en un contexto histórico reciente. Recordó que hasta 2015 las reformas laborales favorecían al empleador, con nuevas modalidades de contratación y un salario mínimo en crecimiento. Sin embargo, la pandemia de 2020 marcó un punto de inflexión: se prohibieron despidos, se sancionó la ley de teletrabajo y se reforzó la protección al trabajador. Ese período, según la abogada, redujo el protagonismo de los sindicatos y dejó un escenario de “parches legislativos” que terminaron generando perjuicios.
Los ejes de la reforma
Luego la profesional del Derecho sostuvo que el proyecto busca reducir la cantidad de trabajadores «en negro» y otorgar mayor seguridad jurídica a las relaciones laborales.
Al hacer mención al Fondo de asistencia laboral, sostuvo que se prevé un aporte del 3% por parte del empleador, destinado a sostener despidos en pymes, que suelen tener menor capacidad de absorción de costos.
En cuanto a la carga impositiva, observó que contratar implica hoy entre un 33% y 44% de costos adicionales, lo que lleva a prácticas irregulares como declarar menos horas trabajadas en los recibos de sueldo.
En tanto hizo alusión al impacto regional que tendría la iniciativa en provincias de frontera como Misiones. La reforma se cruza con la realidad del consumo en países vecinos, lo que condiciona la economía local y el poder adquisitivo de los trabajadores.
“Lo que se busca es otorgarle una figura más jurídica a las relaciones laborales, que no haya tanta gente en negro. Pero también hay que entender que las reformas anteriores fueron parches que terminaron perjudicando al trabajador”, afirmó Benítez.
La especialista advirtió que el desafío es equilibrar el rol del empleador, del trabajador y de los gremios en un sistema donde la economía marca el pulso de las relaciones laborales. Señaló además que la última reforma conocida como Ley Base no benefició al trabajador, ya que permitió indemnizaciones en «eternas» cuotas, lo que en un contexto de inflación y devaluación se traduce en pérdida de valor real.
Un debate clave en el Congreso
Benítez destacó que el proyecto actual busca dar respuestas estructurales, pero su aprobación dependerá de la construcción de consensos en el Congreso. En ese sentido, recordó que Misiones y otras provincias del Litoral, por su peso en el Senado, pueden ser decisivas en la votación.
La abogada concluyó que la discusión sobre la reforma laboral no debe limitarse a cuestiones técnicas, sino que debe considerar el impacto social y económico en los trabajadores, las pymes y las economías regionales.
