Tras no lograr derogar la norma en el Congreso, el Ejecutivo Nacional apeló un fallo que ordenó aplicar de inmediato la ley sancionada en julio y ahora la Cámara Federal de San Martín deberá definir si puede condicionarse a la disponibilidad presupuestaria.
La controversia se originó en el decreto 681, que supeditó la vigencia de la ley a la inclusión de partidas en el Presupuesto.
Un juez federal declaró la invalidez de ese artículo, afirmó que el derecho a la salud y la educación debe prevalecer sobre las restricciones fiscales y el Gobierno apeló la decisión, que por ahora sigue vigente. (clarin.com)
