La Justicia Federal profundiza una investigación de alto impacto sanitario y económico vinculada al presunto tráfico de mercaderías peligrosas para la salud, luego de confirmar la detención del hombre señalado como responsable de una planta clandestina dedicada a la elaboración y comercialización de aceites adulterados en la ciudad de Puerto Iguazú.
El expediente, que se encuentra en plena etapa de recolección y análisis de pruebas, se encuadra en la Ley 26.524, que sanciona penalmente la producción y comercialización de productos que representen un riesgo para la salud pública.
El imputado sigue detenido mientras avanza la investigación
El imputado continúa privado de su libertad, a disposición del tribunal, mientras se avanza en una causa que tuvo su punto de inflexión tras una serie de allanamientos realizados durante dos días consecutivos en distintos domicilios de la ciudad. Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina, con el acompañamiento de personal técnico especializado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dada la complejidad y gravedad de los hechos investigados.
El material allanado está siendo sometido a peritajes técnicos para determinar el alcance real de la presunta actividad ilegal, las responsabilidades individuales y la posible extensión territorial de la operatoria. En este sentido, se dispuso como medida prioritaria la realización de análisis sobre los aceites incautados.
Marcas falsificadas y posible envenenamiento de consumidores
Según fuentes a las que pudo acceder Radio Up, los aceites habían sido comercializados bajo la marca “Viejo Olivar”, aunque también se habrían utilizado envases, etiquetas y presentaciones de marcas ampliamente reconocidas en el mercado nacional, como Molinos Río de la Plata y Cocinero. Esto no solo configuraría una grave vulneración de la propiedad intelectual, sino que agrava la imputación penal por el potencial envenenamiento masivo de consumidores, dado que los productos no eran aptos para el consumo humano.
Las pruebas preliminares indicarían que los aceites adulterados eran distribuidos no solo a consumidores particulares, sino también a restaurantes y comercios gastronómicos, lo que amplifica el daño potencial. En ese marco, trascendió que incluso empresarios del sector comercial habrían radicado denuncias contra el presunto responsable, tras advertir irregularidades en la calidad y el origen de los productos.
Una causa de largo recorrido y posible conexión internacional
El caso no es nuevo. De acuerdo a fuentes allegadas al caso, se trata de una investigación que se remonta a varios años atrás y que tuvo una primera intervención del Juzgado Federal de Eldorado. Con el paso del tiempo y la acumulación de pruebas, la causa recayó en el Juzgado Federal de Iguazú, que reactivó el expediente y avanzó con medidas de alto impacto. En Brasil, además, existirían más de una docena de denuncias vinculadas a la adulteración de aceite de oliva presuntamente relacionado con la misma operatoria, lo que abre la puerta a una posible conexión transfronteriza.
El circuito ilegal y el impacto económico
Otro de los puntos que genera mayor preocupación en el ámbito de la investigación es la magnitud económica del circuito ilegal. Se estima que el movimiento de dinero en el mercado negro superaría los 500 mil dólares semanales, una cifra que refuerza la hipótesis de una estructura organizada y sostenida en el tiempo. En ese sentido, la investigación ya tendría alcance provincial, ya que no se descarta la existencia de infraestructura similar en otras localidades de Misiones, incluida la zona de Posadas.
Indagatoria y definiciones clave
Mientras tanto, el imputado permanece detenido luego de la indagatoria, donde se determinó denegación de la excarcelación y sería inminente la detención de más personas integrantes de esta presunta banda delictiva. La Justicia busca determinar no solo el grado de responsabilidad penal, sino también la participación de otros involucrados en una maniobra que, de confirmarse, podría constituir uno de los casos más graves de tráfico de mercaderías peligrosas para la salud registrados en la región, por su alcance, duración y riesgo directo para miles de consumidores.
