En el bloque Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad, la conductora Sonia Weisheim dialogó con el abogado Hernán Asensio Fernández, especialista en derecho penal ambiental, sobre la situación actual de la normativa ambiental en la Argentina y, en particular, sobre el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Glaciares. Durante la entrevista se abordaron los alcances legales de la iniciativa, el rol de las provincias y las posibles consecuencias sobre la protección del agua como recurso estratégico.
Asensio Fernández explicó cómo comenzó su trabajo en el ámbito ambiental y el contexto en el que surgió su especialización. “A principios de los años 2000 empecé a tramitar causas vinculadas a delitos ambientales cuando pasaron a la justicia ordinaria, y con el tiempo ese fue el camino que seguí”, indicó el abogado, quien también dirige el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de San Isidro.
El entrevistado indicó que la ley vigente considera a los glaciares y a las zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua.
Hoy la ley presume que todos los glaciares son una fuente estratégica del recurso hídrico”.
Remarcó que esta protección se extiende a las áreas que los rodean por su función dentro del sistema ambiental.
Según detalló, el proyecto de reforma plantea un cambio sustancial en ese esquema. “La modificación permitiría que cada provincia determine cuáles de los glaciares bajo su jurisdicción son estratégicos y cuáles no”, afirmó, y advirtió que esta decisión podría habilitar actividades actualmente prohibidas.
Asensio Fernández sostuvo que este tipo de mecanismos ya tuvo antecedentes en otras normativas ambientales. “Con la Ley de Bosques Nativos ocurrió algo similar, donde se reclasificaron áreas para permitir desmontes”, indicó, y señaló que un proceso comparable podría darse si se avanza con la reforma de la ley de glaciares.
Durante la entrevista también se hizo referencia a la interconexión de los ecosistemas hídricos. “Los glaciares nutren a los ríos cordilleranos y patagónicos, y cualquier daño en un punto tiene impacto en todo el sistema”, expresó el abogado, al mencionar la relación entre glaciares, ríos superficiales y cursos subterráneos.
El especialista alertó además sobre las actividades extractivas que podrían verse favorecidas por el cambio normativo. “La minería y la exploración hidrocarburífera requieren grandes volúmenes de agua y generan residuos que afectan los cursos hídricos”, sostuvo, y explicó que estas prácticas tendrían incidencia directa en las fuentes de agua dulce.
Por último, Asensio Fernández planteó la necesidad de compatibilizar desarrollo y protección ambiental. “El progreso es necesario, pero debe darse dentro de ciertos límites y respetando los ecosistemas”, afirmó, y señaló que existen mecanismos legales para evitar modificaciones que puedan comprometer el acceso al agua y los recursos naturales a largo plazo.
